Escribe: Ricardo Valcárcel, analista económico.
Se llenan titulares ilusionantes del proyecto privado de Chancay, la reunión de APEC, la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, los avances de la línea 2 del Metro limeño, los buenos precios de los metales que exportamos, la reducción de la inflación, las mayores reservas internacionales, y la estabilidad de nuestra moneda.
Esas buenas noticias estarían disimulando los problemas que pueden gatillarse por un creciente déficit fiscal. Este 2024, hasta fines de julio, estamos con un déficit fiscal de 4%, lejos del 2.8% que se ha fijado para el presente año. Difícil tal déficit actual se reduzca, como consecuencia del mayor gasto público y menor recaudación tributaria.
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Tal escenario, de segundo año consecutivo de incumplimiento, y posibles faltas adicionales para conseguir que el déficit fiscal disminuya a 1% en el 2028, traería espinosas consecuencias a la economía de corto y largo plazo, que solventaremos con la tuya y con la mía.
Hay una farra de gastos públicos desfinanciados en obras, pensiones y remuneraciones, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, gestados por intereses particulares, o por querer dar sensación de mejorías a la población, con miras a las elecciones del 2026.
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Ya el presupuesto previsto para el 2025 no considera freno alguno, sino un aumento de 4% en el gasto público real. Eso nos condena a la imposibilidad de alcanzar las metas fiscales, en el cuatrienio 2025-2028. Lo “importante” para las autoridades es la sobrevivencia hasta el 2026, a como dé lugar, y ya que el siguiente gobierno se enfrente con el creciente problema económico.
Por el lado de los ingresos tributarios, hay cierta impotencia para incrementarlos. La economía peruana es demasiado informal, sector que elude pagar impuestos. Cargar más gravámenes a las personas formales, haría quebrar a muchas o se trasladarían a la informalidad, todo un círculo vicioso.
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La fresa del pastel ha sido la “solución temporal” a la deplorable realidad económica de Petroperú. Otros cientos de millones de dólares hundidos, que igualmente impactarán en el déficit fiscal ¿o van a realizar magia contable para encubrir tal necedad?
Las calificadoras de deuda deben estar evaluando ese mayor déficit fiscal, y proseguirían disminuyendo la valoración de nuestra deuda pública, pudiéndose perder el grado de inversión, ante el mayor riesgo de impago. En tal estado subirían las tasas de interés, haciendo más onerosa la carga anual para cumplir los compromisos financieros contraídos.
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Igualmente sería más costoso conseguir nuevos empréstitos para cubrir el desbalance. Y ello no sólo es cierto para la deuda pública, lo es también para las empresas privadas.
Asimismo, con la incertidumbre política, social y financiera, se afectarían las inversiones, al irse perdiendo la confianza. Hay atracción por invertir en varios sectores, pero también, mucha cautela. La cercanía de las elecciones generales irá intensificando ese recelo.
De no lograr atraerse inversiones extranjeras mayúsculas, en el mejor de los casos se crecerá a un ritmo de 2-3% anual en el largo plazo. Toda una desventura.
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