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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó en un comunicado que la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para desalojar a comuneros del sector denominado Takiruta de Las Bambas, en la región Apurímac, ha sido realizado en el marco de la ejecución de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la mencionada minera, descartando que el Ejecutivo haya tomado acciones ante la situación.
“Por ley, la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente. El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”, sostiene la PCM.
Ante ello, la pregunta de hoy es:
¿Cómo debe actuar el gobierno en el caso de Las Bambas?
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