Una valla más alta para la inversión pública

El 2022 ha cerrado con un récord de ejecución financiera de la inversión pública, tanto en términos absolutos como relativos. Se han ejecutado más de S/ 46.5 mil millones, 20% más que en el 2021, lo cual representa el 72% del presupuesto asignado para inversión pública tras más de 5 años estancados con una ejecución inferior al 70%. Es importante reconocer avances, pero también lo es no perder perspectiva: casi 3 de cada 10 soles asignados anualmente para proyectos de infraestructura y equipamiento todavía se quedan sin ser utilizados.

Han quedado sin ejecutar más de S/ 18 mil millones, cifra superior al promedio de los últimos 5 años (S/ 17 mil millones) y que equivale a aproximadamente 3800 km de carretera asfaltada. Si bien es cierto, estos recursos no “se pierden”; estos tampoco son oportunamente utilizados para atender las necesidades para los que fueron destinados. Tenemos durante el año dinero paralizado como si las necesidades no apremiaran en el país y pudiéramos darnos el lujo de dejar dinero dormido en las cuentas. Para referencia, el Plan Nacional de Infraestructura estima una brecha de S/363,452 millones para alcanzar los niveles de acceso básico a infraestructura en países desarrollados como la OCDE (sin considerar las necesidades de mejoras en calidad).

La situación es más crítica si se ve el detalle. El 90% de los recursos que no fueron ejecutados corresponden a los gobiernos subnacionales, S/12 mil millones en el caso de los gobiernos locales y S/ 4,5 mil millones en el caso de los gobiernos regionales. En el caso particular del canon, sobrecanon y regalías, que es desigualmente distribuido y no siempre bien utilizado, se dejaron sin ejecutar más de S/ 14 mil millones. Por dar un ejemplo puntual, el distrito de San Marcos en Áncash contaba con más de S/ 55 mil por habitante para proyectos de inversión pública por concepto de canon pero no llegó a usar ni el 40% de sus recursos. En el caso particular del canon, además, hay que señalar que el dinero no se devuelve anualmente al tesoro sino que se mantiene en las cuentas de los gobiernos locales, regionales y las universidades correspondientes. En un contexto de cambio simultáneo de autoridades de los tres niveles de gobierno, estas falencias se hacen aún más preocupantes.

Además, no hay que perder de vista que la discusión usual sobre la ejecución de los recursos es incompleta pues solo refleja avances financieros. Hacia fines de octubre, el Consejo Privado de Competitividad encontró que la cuarta parte de proyectos activos en los tres niveles de gobierno tenían más de 100 días de retraso y que casi uno de cada cinco tenía un sobrecosto superior al 50% de lo originalmente previsto. A la fecha, el MEF ha identificado un total de 2,624 obras paralizadas.

¿Por qué nos cuesta tanto avanzar? La articulación entre niveles de gobierno es deficiente, por lo que no siempre se otorga la misma prioridad a los proyectos e incluso puede haber duplicidades en las intervenciones. Además, las capacidades son heterogéneas y se ven afectadas por una elevada rotación de personal y autoridades que impide retener el conocimiento especializado en las instituciones o enfocar de manera más específica el fortalecimiento de capacidades. Esto trae consigo estudios de preinversión e inversión de calidad deficiente y, por tal, un mal cálculo de tiempos y costos. Asimismo, muchos proyectos enfrentan la presencia simultánea de varios actores para permisos y opiniones, así como el temor de algunos funcionarios a la fiscalización de la Contraloría. El deterioro en la política juega también un rol: los tiempos de los proyectos no siempre responden a los tiempos de los políticos que no pueden reelegirse, por lo que terminamos viendo una obsesión con la primera piedra en lugar de con la última. Lo que importa es el servicio, no el cemento.

Hay que decir que los niveles de ejecución de la inversión pública venían deteriorándose desde el 2016 hasta antes de la pandemia. Algo que ha funcionado bien en los últimos años es el acompañamiento del MEF a las regiones y municipios. Por ello, es positivo que el plan “Con Punche Perú” considere entre sus medidas de reactivación regional el despliegue de sus equipos en gobiernos subnacionales para asegurar inversiones durante el primer trimestre, especialmente ahora que hay nuevas autoridades y equipos.

En suma, es importante reconocer los avances y mantener las acciones que sí han venido funcionando. Sin embargo, debemos poner en contexto la urgencia de avanzar más y mejor con la dotación de infraestructura en el país. No podemos considerar aceptable que anualmente queden sin uso tantos miles de millones de soles teniendo brechas tan importantes y siendo la infraestructura tan crítica para habilitar el desarrollo. Elevemos la valla.