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La reciente aprobación del dictamen que permite el financiamiento privado a los partidos políticos por parte de empresas nacionales ha puesto en el centro del debate un tema clave para la democracia peruana: la lucha contra el financiamiento ilegal. En un contexto donde actividades ilícitas como la minería ilegal dominan el panorama, esta reforma busca ofrecer una vía legítima de sostenimiento económico a los partidos.
El problema es evidente. Tras la prohibición del financiamiento privado a raíz del caso Lava Jato, los partidos quedaron desprotegidos, viéndose obligados a buscar recursos en actividades cuestionables. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal movió más de US$10,422 millones entre el 2012 y el 2024, superando a otras actividades ilícitas. Este dinero ha infiltrado la política, debilitando las instituciones y exacerbando la corrupción.
El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución plantea límites claros, como un tope de 200 UIT por aportante y mecanismos de supervisión a cargo de la ONPE. Sin embargo, aspectos como la figura de los “aportantes confidenciales” y la sustitución de sanciones penales por administrativas en casos de irregularidades han generado preocupación entre expertos.
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El abogado Alejandro Rospigliosi advirtió que “permitir que aportes no declarados solo tengan sanciones administrativas es peligroso y fomenta la impunidad”. Además, la propuesta no establece sanciones para casos en que los partidos reciban más dinero del permitido o no lo declaren, lo que podría convertirse en un incentivo para la opacidad.
Mientras tanto, el legislador Alejandro Muñante defendió la medida argumentando que “la ausencia de financiamiento privado ha sido aprovechada por economías ilegales como la minería y tala ilegal”. Aunque la restitución del financiamiento privado es un paso en la dirección correcta, los vacíos en su regulación podrían convertirla en un arma de doble filo.
El impacto de la minería ilegal trasciende lo económico. El sistema Reinfo, diseñado para formalizar a los mineros informales, ha sido señalado como una fachada que permite la operación de actividades ilícitas. Estos recursos ilícitos no solo destruyen ecosistemas, sino que también se infiltran en campañas políticas, comprando voluntades y debilitando la democracia.
El financiamiento privado, bien regulado y fiscalizado, podría ser un antídoto contra este mal. Sin embargo, para que esto sea una realidad, el Congreso debe garantizar que las disposiciones se ajusten en el pleno, eliminando ambigüedades que favorezcan la corrupción.
El retorno del financiamiento privado debe ir acompañado de transparencia, rendición de cuentas y sanciones estrictas contra las infracciones. Sin estos ajustes, la reforma corre el riesgo de convertirse en un nuevo canal para el dinero ilícito.
El Perú necesita partidos políticos sólidos y éticos, capaces de enfrentar las demandas ciudadanas sin ceder a las presiones de las economías ilegales. Este debate no solo definirá el futuro del financiamiento político, sino también el de nuestra democracia.
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