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A través de un plebiscito, Chile aprobó la conformación de una Convención que se encargará de redactar su nueva Carta Magna. Este episodio ha sido rápidamente aprovechado por algunos políticos peruanos para volver a la carga con la propuesta de modificar nuestra Constitución, sobre todo, su capítulo económico.
La Constitución de 1979 estableció una política de industrialización basada en sustitución de importaciones, comercio controlado y actividad empresarial del Estado. Diez años después, ¿qué escenario vivíamos? Un débil crecimiento promedio del 0.7%, niveles de pobreza del 70% y una inflación que llegó al 33,983%. Un país en quiebra, fragmentación social, falta de oportunidades y jóvenes cuya única esperanza era salir del país.
Los que pretenden cambiar nuestra actual Constitución buscan un mayor rol empresarial del Estado. ¿Qué dice nuestra historia al respecto? AeroPerú, nuestra “aerolínea de bandera”, sumo pérdidas anuales de US$ 24 millones entre 1991 y 1992. El saneamiento de sus deudas nos costó a todos los peruanos S/ 35 millones. Las empresas de telecomunicaciones solo tenían un 67% de cabinas operativas, debían invertir al año US$ 300 millones pero solo invertían US$ 76 millones, demorando años en instalar una línea telefónica. ¿Queremos volver a esas épocas?
Nuestra actual Constitución establece una economía social de mercado, hay libertad para invertir y el Estado debe promover el empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Además, se protege la libertad de propiedad, contratación, libre competencia y la protección del consumidor.
Sus resultados han sido veintiún años consecutivos de crecimiento económico, reducción de pobreza del 58.7% en 2004 a 20.2% en el 2019. Pero, sobre todo, más oportunidades y libertades para que el ciudadano pueda emprender y crecer. Libre comercio que permitió pasar de 3,653 a 6,662 mypes exportadoras entre los años 2000 y 2019. Libertad de propiedad que dio paso al boom de la agroexportación generando 800 mil empleos formales en el campo, siete veces más oportunidades laborales para las mujeres y pymes agroexportadoras que pasaron de ser 893 a casi 2,000.
Todo este tiempo el ciudadano emprendió, creció, creó empleos. Ciudadanos y empresas pagamos impuestos. ¿El Estado gasto eficientemente nuestro dinero para proveer servicios de salud y educación como señala la Constitución? No.
Un 28.9% de nuestros niños no acuden a la escuela o tienen atraso escolar, 24.5% de la población no accede a un seguro de salud, 32.9% de ciudadanos no tiene agua potable, 41.4% no tiene conexión a desagüe, 12.3% no tiene conexión eléctrica en sus casas. ¿Cambiar la Constitución atenderá estos problemas por ineficiencia del Estado? No.
La tarea pendiente es elegir autoridades con capacidad y experiencia para ejecutar eficientemente sus presupuestos, luchar contra la corrupción, fortalecer nuestras instituciones y repensar el modelo de descentralización.
El problema, como hemos visto, No es la Constitución.