Derrames como cancha

El informe La Sombra del Petróleo, realizado por Oxfam, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, analiza los derrames en la Amazonía peruana entre el 2000 y 2019 y abre un debate en torno a realidades y percepciones sobre los efectos de las actividades de hidrocarburos en la selva, poniendo el foco en recomendaciones para fortalecer la institucionalidad ambiental. Estudia lotes operados por 11 empresas diferentes, en los que se registraron 474 derrames en la Amazonía y el Oleoducto Norperuano durante dos décadas, según datos de Osinergmin y OEFA.

Mientras, ha calado en la opinión pública la idea de que los derrames son producto del “sabotaje”, a pesar de que los datos institucionales indican que estos actos vandálicos suponen solo el 28.8% de los casos, siendo las fallas técnicas, falta de mantenimiento e inadecuadas medidas de seguridad los causantes de la gran mayoría de los desastres.

La empresa que gestiona la Refinería La Pampilla afirma en su web: “La sostenibilidad es una pieza clave en nuestra visión de futuro y un compromiso compartido por todos los que formamos Repsol”. Sin embargo, la información que ha proporcionado tras el desastre ambiental en las costas del Callao ha sido exigua, opaca y carente de toda empatía, mostrando que los discursos sobre responsabilidad social, compromiso con la comunidad y enfoque de sostenibilidad son pura verborrea si no van de la mano de transparencia, ética y, por qué no, un poquito de humildad.

Repsol perdió una oportunidad única para sincerarse. En su lugar, pobres argumentos proferidos por su Gerente de Comunicaciones, quien el 19 de enero, en una entrevista con el periodista Omar Mariluz para RPP, titubeó sobre la cronología de los hechos, definió la situación como un “lamentable incidente meteorológico”, trasladó la responsabilidad a la dirección de Capitanía de la Marina y finalizó afirmando, sin ningún pudor, que Repsol no era la responsable del desastre, siendo la empresa la primera afectada.

Tras un promedio de dos derrames cada mes en nuestra Amazonía, parece que algo tiene que ocurrir cerca de Lima para que apuntemos a exigir a las empresas y nuestras autoridades la debida diligencia más allá de bonitas campañas de marketing institucional.