Nancy Laos Cáceres, Ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
La reforma de nuestros alicaídos sistemas de pensiones público y privado y la reducción de la informalidad laboral son, quizá, los temas estructurales más críticos e importantes en nuestro mercado laboral y a los que, hasta el momento, ningún gobierno ha podido encontrar solución en los últimos años. En la viabilidad de estas reformas está en juego la calidad de vida de por lo menos tres generaciones futuras. Nos preguntamos ¿no es prioritario avocarnos a buscar un camino para afrontarlos? Y si bien son dos temas cuya solución presenta particularidades propias, están indisolublemente ligados: A más informalidad, más agonía e inviabilidad de cualquier sistema de previsión social. En los próximos días, el Poder Ejecutivo y el Congreso mostrarán sus propuestas.
En un artículo anterior en Gestión advertimos -sobre la base de los datos del interesante libro “El Porvenir de la Vejez: Demografía, Empleo y Ahorro”- que el Perú está ad-portas de cambios radicales en sus tendencias demográficas: Seremos un país de jóvenes sólo hasta el 2030, es decir, en menos de 7 años se acabará el bono demográfico y entraremos a una tendencia clara: El envejecimiento de la población. Los mayores de 65 años pasarán de ser el 10.5% de la población en el año 2015 al 30% en el 2050 y al 59% en el 2075. Dejaremos de ser una pirámide para ser un rombo. Hoy sólo uno de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa (PEA) aporta a una pensión y sólo uno de cada dos recibe una pensión. Con el cambio de la tendencia demográfica esto se agravará: Habrá menos aportantes y más personas necesitando acceder a una pensión. A esto hay que añadirle un ingrediente más: la esperanza de vida subirá casi a 80 años al 2050. Esto alargará el periodo de pago de pensiones y, por tanto, aumentará la necesidad de mayores recursos para pagarlos. En ese contexto, no sólo deberán aportar los formales sino también los independientes e informales.
Todo esto hace más urgente afrontar la madre de todas las reformas: la informalidad laboral, ligado al sistema de pensiones. Cada año que pasa sin solución, será más difícil pues no es viable un país donde la mayoría de su población laboral y en edad de jubilación estén ampliamente desprotegidos. Si se hace, implicará cambios estructurales en la legislación laboral, tributaria, en el sistema privado de pensiones y, hasta cambios en la economía, en el sistema financiero y en los sistemas productivos. Todo tendrá que ser repensado.
En medio de los sucesivos periodos de inestabilidad política, acentuadas desde el año 2016, se han presentado varias propuestas, sin que ninguno alcance el consenso necesario o avizore una solución práctica. Hubo una comisión en el gobierno de PPK, otra en el gobierno de Martín Vizcarra, otro grupo de trabajo en el Congreso (“Comisión Omonte”). Ahora se ha creado una comisión en el actual gobierno que entregará pronto una nueva propuesta (MEF y PCM), la misma que hará frente a la propuesta que trabaja la Comisión de Trabajo del Congreso.
De los acuerdos mínimos de las propuestas anteriores, rescatamos la idea de tener una pensión mínima y establecer pilares: a) El pilar universal, con pensiones básicas (“pensión mínima” para todos) b) El pilar contributivo obligatorio, con cuentas individuales (tipo AFP) y/o un fondo colectivo solidario (tipo ONP) y c) El pilar de ahorro voluntario, para lograr una mayor pensión. Sin embargo, para que estos pilares sean efectivos, deben descansar sobre un sistema de financiamiento diferente a la actual. Debemos pasar de contribuciones basadas en las planillas formales a un financiamiento que incluya los aportes de los dependientes, independientes e informales, incluyendo la interesante propuesta de recaudar una parte del IGV para sumar a nuestro fondo de pensión, que creo no debe descartarse.
Adicionalmente, más allá de los diferentes modelos existentes, será fundamental un cambio de visión: Debemos pasar de una visión “triste” de la jubilación a una jubilación “optimista” (“jubilación” viene de la palabra “júbilo”). Hay que acentuar la visión de que esta etapa es una oportunidad para que las personas disfrutemos de cosas que no pudimos disfrutar en nuestra época de actividad laboral. Ello pasa por tener mayor conciencia sobre el cuidado de nuestra salud y la necesidad de evaluar alternativas para obtener ingresos adicionales. También debemos incentivar la cultura previsional no como un esfuerzo aislado sino como algo que debe planificarse cuidadosa y sistemáticamente para que los peruanos seamos sensibles a ahorrar para nuestra pensión y vejez futura. Y, finalmente, no sólo el Estado sino las propias empresas deberían poder ofrecer a los trabajadores una educación previsional y acompañarlos en la mejor toma de decisiones sobre su futuro, lo cual ayudaría a largo plazo en el recambio laboral.