Tres paradojas presupuestales en salud

Anteriormente he comentado información preliminar que indicaba que los programas presupuestales en salud habrían sufrido recortes. Esto se confirma con los datos del presupuesto 2022 disponibles en la consulta amigable del MEF. Las prioridades nacionales registran reducciones en el presupuesto de apertura (PIA) del 2022 en comparación al PIA de 2021: TBC-VIH/SIDA (-17%), enfermedades metaxénicas (-13%), prevención y control del cáncer (-12%), prevención y control en salud mental (-6%), entre los más importantes. Ello, a pesar de tener un nivel de ejecución superior al 95% en 2021. Entiendo que esto ha despertado la preocupación de diversas organizaciones que se han pronunciado invocando a las autoridades a corregir este despropósito en el corto plazo.

Las prioridades sanitarias nacionales constituyen el piso mínimo y universal de salud pública en el país y, por ello, el tema de fondo no es solo cómo protegerlas de recortes de financiamiento -discrecionales e inexplicados-, sino además cómo trazar una ruta de corto y mediano plazo de incremento progresivo de recursos para ampliar la capacidad de proteger la salud de toda la población que habita en el país.

Los recursos del SIS representan una pequeña parte del total del financiamiento público de la salud individual

Los fondos del SIS representaron solo el 10% del total del financiamiento público de la salud individual en el 2021. Es conveniente recordar que una de las funciones del SIS es ser el brazo financiero de la autoridad sanitaria, es decir, un medio a través del cual el Ministerio de Salud puede modular el financiamiento que llega a los prestadores de salud, mayoritariamente públicos. Así, el SIS puede influir y orientar las decisiones de los prestadores respecto de la priorización de las atenciones de salud que brindan, cómo las brindan, con qué nivel de calidad y a quién las brindan. Sin embargo, su poca importancia relativa socava su efectividad y alcance como instrumento de política sanitaria.

A pesar de que se requieren más recursos para ampliar la oferta de servicios de salud, no se utilizan plenamente los ya asignados.

La inversión pública en salud alcanzó S/ 2 740 millones en el 2021, lo que representa tan solo el 59% del presupuesto asignado a este rubro durante el año. Dicho de otro modo, de cada S/ 100 del presupuesto público asignado para inversión en salud, S/ 41 se han dejado de gastar. De los S/ 1 880 millones que se dejaron de invertir, los gobiernos regionales fueron responsables de no ejecutar S/ 920 millones y el gobierno nacional S/ 640 millones. Cabe en particular señalar que el nivel más afectado ha sido la atención básica de salud con un monto de inversión no ejecutado de S/ 1 000 millones; en este caso se gastó solo la mitad de lo asignado.

Este es un problema estructural, que tiene varias causas entre las cuales destacan la falta de conducción estratégica de las inversiones en salud y la carencia de una política integral de gestión de inversiones, que permita alinear a los actores involucrados en el corto plazo y mantener el rumbo en el mediano y largo plazo. También faltan mecanismos claros y periódicos de monitoreo y rendición de cuentas sobre el avance de la política. No menos importante es la insuficiente capacidad de gestión de inversiones en los diversos niveles de gobierno. Es cierto que estas no son carencias exclusivas del sector salud, por lo que se necesitan esfuerzos multisectoriales para abordarlos en forma efectiva. Sin embargo, aun dentro del sector salud hay mucho que se puede avanzar retomando experiencias anteriores, lo que depende en última instancia de la visión estratégica y voluntad política de las autoridades del sector para abordar estos retos.