¿Más regulación es mejor regulación?

Por Jaime Dupuy, Gerente de Estudios Económicos y Consultoría Empresarial de ComexPerú

Sin duda que el ordenamiento del transporte urbano es una necesidad que se pedía a gritos, y por ello el funcionamiento de la ATU genera muchas expectativas. Esta autoridad tiene hoy la gran oportunidad de planificar la red integrada de servicios de transporte terrestre urbano en Lima y Callao, bajo los principios de eficiencia y sostenibilidad. Para ello, resulta indispensable que toda acción que desarrolle se base en evidencia, tome en cuenta la realidad nacional, esté sujeta a un efectivo análisis de impacto regulatorio, con procesos público-privados transparentes y participativos, y con mecanismos de monitoreo ex post que midan el nivel de efectividad de sus decisiones a fin de corregirlas, mejorarlas o reafirmarlas.

Esto en el plano de las expectativas; pero en la realidad, la ATU ya viene trabajando en algunos dispositivos normativos, entre ellos, uno que propondría considerar como “taxista” a todos los conductores que usen plataformas digitales de intermediación de transportes.

Resulta evidente, y la experiencia internacional lo ratifica, que una buena planificación del transporte urbano pasa por implementar un eficiente sistema de transporte público masivo, algo de lo que carece el Perú, y Lima en particular. Tomando esta realidad, y mientras se diseñe y ejecute este sistema, lo que la autoridad debiera impulsar es contar con servicios alternativos que realmente mejoren el servicio de transporte, y ello es justamente lo que las plataformas digitales de movilidad han conseguido, al dotar de eficiencia el servicio de transporte privado, con mayores niveles de seguridad y calidad. Sin duda son mejores que un taxi tomado en la calle.

En este contexto, imponer a los conductores requisitos onerosos y de difícil cumplimiento finalmente generará mayores niveles de informalidad y un retroceso del estándar del servicio de transporte, en perjuicio de los ciudadanos. ¿Queremos realmente volver al pasado?

Lo que la autoridad debiera considerar es que el Ejecutivo ya tiene la obligación de que sus decisiones se enmarquen en un análisis de impacto regulatorio, lo que asegura que contemos con regulaciones realmente efectivas y bien diseñadas, adoptadas luego de un proceso de ponderación de costos y beneficios de las distintas alternativas regulatorias posibles, en el marco de un proceso de consulta transparente y participativo con todos los grupos de interés. Ello en este caso, no se viene dando.

De igual manera, un aspecto que bien merece una adecuada ponderación como parte de este necesario análisis es la generación de oportunidades económicas para amas de casa, estudiantes, personas jubiladas o simplemente ciudadanos que se encuentran desempleados o que han encontrado en las plataformas un mecanismo de ingreso adicional. Bondades y beneficios que una inadecuada regulación podrían poner en riesgo.