Escribe: Alvaro Monge, socio de Macroconsult.
Una de las tendencias que deberían estar encabezando la preocupación a nivel de políticas públicas en el Perú, es el aumento de la pobreza en las zonas urbanas. Pero sobre todo la pobreza extrema.
El indicador monetario de pobreza no solo ha aumentado 10 puntos entre el 2019 y 2023 (desde 14.6% hasta 26.4%) sino que actualmente más del 70% de los pobres viven en zonas urbanas. Mientras tanto, la pobreza extrema en estas localidades se ha triplicado en estos años (pasando desde 1% en el 2019 hasta 3.2% en el 2023). De este modo, actualmente cerca del 45% de los pobres extremos del país viven en las ciudades.
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Para poner en perspectiva esta cifra, hace 10 años estos niveles eran del 17%. Además, en el periodo posterior a la pandemia (entre el 2021 y 2023), la mayoría de los indicadores no monetarios se vienen deteriorando en dichas zonas del país. Por ejemplo, usando como referencia el tablero de control de pobreza multidimensional del INEI, 16 de los 29 indicadores medidos en zonas urbanas (más del 50%) empeoran en el periodo de referencia. Es por esta razón que es posible argumentar que en las ciudades no solo la incidencia de la pobreza ha crecido, sino que es posible que haya aumentado también su gravedad. Por ejemplo, la brecha de pobreza urbana (es decir la distancia promedio de los pobres hacia la línea de pobreza) se habría incrementado de 2.9% a 6.3% entre el 2019 y 2023 y la severidad de la pobreza urbana también aumentó desde 0.9% hasta 2.2%, en el mismo periodo.
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En pocas palabras, la pobreza urbana, que hasta hace unos diez años era un fenómeno que a la luz de la estadística podríamos decir que estaba casi bajo control, ahora está volviendo a aparecer y, lamentablemente, mostrando una trayectoria creciente y con síntomas cada vez mayores de volverse un problema estructural. Para graficar esto último es útil centrar la atención, dentro del universo de dimensiones de bienestar multidimensional presentadas por INEI, a lo que está ocurriendo con la cadena causal de la salud infantil. En este caso, no solo los indicadores finales de desnutrición y anemia se han deteriorado, sino también algunos de sus determinantes subyacentes. Esquematizando en extremo el trabajo de Laura Smith y Lawrence Haddad del año 2015 y concentrándonos en aquellos en los que hay información, estos determinantes los podemos organizar en tres: acceso a servicios de salud, vivienda saludable y alimentación adecuada.
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En el primer caso, la data permite identificar, por ejemplo, que la población urbana con carencias en la atención médica aumentó de 27% al 31% entre el 2021 y 2023 y la incidencia de problemas de salud crónica pasaron de 41% a 45% en el mismo periodo. En el segundo caso, la proporción de población urbana sin agua gestionada de manera segura creció de 63% a 68% entre el 2021 y 2023. En el tercer caso, según cálculos del INEI, entre el 2021 y 2023 el gasto real en alimentos cayó en más del 8% en términos reales en zonas urbanas, lo que podría estar implicando deterioros no solo en la cantidad de alimentos consumidos sino calidad y diversidad. En tales circunstancias, es perfectamente entendible que la desnutrición crónica infantil para niños menores de cinco años aumentara desde 6.8% (2021) hasta 8.1% (2023) y la anemia para niños entre seis meses y 35 meses lo haga desde 35.3% (2021) hasta 40.2% (2023).
Si bien los efectos del crecimiento económico sobre estos indicadores son usualmente positivos en el largo plazo ya sea dinamizando los mercados laborales (y por lo tanto permitiendo mejores ingresos a las familias) o procurando los recursos públicos para financiar programas de lucha contra la pobreza; la ventana de atención en salud infantil es corta (alrededor de los primeros mil días de nacido el niño). Por ello, es necesario diseñar acciones de política pública costo efectivas que actúen incluso en coyunturas cuando el crecimiento es mediocre (tal como ocurre actualmente en el país).
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Al respecto, una intervención a la que debería prestarse atención es la transferencia a la primera infancia implementada por el programa Juntos del Midis. Esta intervención se basa en una transferencia condicionada de S/ 50 soles adicionales a las familias de Juntos que cuenten con niñas y niños de 0 a 35 meses registrados en los primeros 30 días de nacidos. Las condicionalidades que deben cumplir estas familias (además de las ya exigidas por Juntos) son vacunación para los niños y suplementación de hierro. Los resultados de la evaluación en la que recientemente tuve la oportunidad de participar (financiada por Unicef y que ya está publicada en la web del Midis) arroja resultados positivos.
Por ejemplo, se evidencia aumentos en la vacunación completa de los niños y mejoras en sus niveles de nutrición. Lamentablemente, si bien se registran mejoras en el dosaje de hemoglobina, al parecer la escasa adherencia al tratamiento estaría inhibiendo resultados a nivel de anemia. Este último resultado permite inferir que existen aún áreas de mejora en la intervención. Por ejemplo, el documento destaca la importancia de fortalecer el acompañamiento familiar para promover cambios de comportamiento. No obstante, la buena noticia es que aun en las circunstancias descritas existen alternativas que pueden aprovecharse para mitigar los riesgos del empobrecimiento.
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