Luis Miguel Castilla: una mirada a la informalidad en las regiones

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en un reciente evento con la cooperación internacional advirtió que la agenda de las provincias está mucho más centrada en lidiar con las problemáticas locales al margen del desgobierno y caos que caracteriza a la gestión presidencial. Un problema común que comparte la mayoría de las regiones es la precarización del mercado laboral que persiste pese a la recuperación de la actividad productiva. Esta situación sumada al significativo incremento del costo de vida (que tiende a ser mucho mayor en el interior que en Lima Metropolitana), se agudizaría por la insistencia del Gobierno nacional de avanzar con cambios en la legislación laboral que harían mucho más difícil la generación de empleo formal y que favorece a un reducido segmento de trabajadores sindicalizados. No queda claro si el Congreso tendrá la disposición de frenar esta agenda, especialmente luego del rechazo que concitó el efímero intento de la presidenta del Congreso de impulsar iniciativas que pretendían flexibilizar la rígida legislación laboral.

Según la recientemente publicada Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la tasa de desempleo nacional fue 7.7%, ubicándose por encima del promedio entre 2010 y 2019, igual a 4%. A nivel regional, si bien la tasa de desempleo se redujo en todas las regiones el año pasado, existen regiones como Lima (12%), Arequipa (9.6%), La Libertad (9.5%), Tumbes (8.8%) y Tacna (8.7%) donde el nivel de desempleo permanece particularmente alto. La tasa de desempleo en la población entre 14 y 29 años ascendió a 12.9% en 2021, evidenciando un retroceso respecto del 16.5% registrado en 2020, pero ubicándose 50% por encima del promedio nacional. Las regiones con las tasas de desempleo juvenil más elevadas son Tumbes (19.3%), Lima (18.6%) y La Libertad (18.2%). Los jóvenes estarían experimentando aún la interrupción de programas educativos, un menor acceso a programas de formación que los ayuden a la transición de la escuela al trabajo (como las pasantías) y las mayores dificultades para conseguir empleo en el futuro, como lo confirman las encuestas del BCR sobre las expectativas de contratación de personal.

Por otro lado, la informalidad laboral permanece en niveles elevados pues el 76.8% de la población ocupada está en el sector informal. Respecto del 2020, la informalidad laboral creció en 18 de 24 regiones, siendo Huancavelica (94.7%), Puno (90.5%), Apurímac (90.3%), Huánuco (90%) y San Martín (89.4%) las regiones con los niveles de informalidad más altos. En esa línea, las actividades económicas con la mayor participación de trabajadores del sector informal en su fuerza laboral son las actividades agropecuarias (96.1%), transportes (86.6%), restaurantes y alojamiento (86.5%) y construcción (86.2%). Por otro lado, en las empresas con hasta 20 trabajadores el nivel de informalidad alcanza el 90.2%, mientras que en las empresas con 21 a 100 trabajadores el 39.5% de sus trabajadores son informales, y en las empresas con más de 100 trabajadores el nivel de informalidad laboral es 20.5%.

El elevado nivel de informalidad es el resultado de la baja productividad de la mano de obra y un entorno regulatorio que encarece la formalización. De hecho, ante la ausencia de reformas estructurales la productividad laboral ha permanecido estancada en los últimos años. En 2021, la productividad laboral, calculada como Valor Agregado Bruto por trabajador ocupado sin considerar industrias extractivas, fue 25.900 soles constantes de 2007, mientras que en 2019 se ubicó en S/ 25.400. Las regiones que poseen los mayores niveles de productividad laboral son Moquegua, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, mientras que las regiones menos productivas son Apurímac, Huancavelica, Puno, Cajamarca y San Martín. Estas últimas tienden a tener sectores agropecuarios más extendidos.

Las regiones que poseen los niveles de productividad laboral más altos también poseen las mayores tasas de crecimiento económico en 2021, respecto a los valores de 2019, destacando Ica (8%), Áncash (7.4%) y Moquegua (7.2%). Por otro lado, las regiones con los niveles de productividad más bajos son también las regiones con los mayores niveles de informalidad y, con excepción de San Martín, aún no han logrado recuperar los niveles de producción registrados previos a la pandemia.

Así, el mercado laboral aún permanece deprimido y arrastrando los problemas estructurales que enfrentaba antes de la pandemia. Resulta muy preocupante que el Gobierno, lejos de impulsar medidas orientadas a brindar incentivos para la formalización y reducir los elevados costos laborales no salariales, impulse una agenda con medidas efectistas que agravan los problemas que enfrenta el mercado laboral introduciendo más distorsiones, como el incremento en la remuneración mínima vital, la limitación a la tercerización de servicios y la propuesta de un nuevo código laboral. Según expertos en la materia, los cambios pretendidos en la legislación laboral empujarían a más de un millón de trabajadores a la informalidad, lo que sería más notorio en el interior del país que de por sí ostenta mayor precariedad laboral.

En este contexto, vale preguntarse si el Congreso de la República estará a la altura para frenar el impulso informalizador del Ejecutivo. Si bien ha mostrado sensatez con el rápido archivamiento de la pretendida iniciativa de convocar una asamblea constituyente, el Parlamento también ha aprobado leyes que atentan contra la formalización y el bienestar ciudadano. Ejemplos de ello son la contrarreforma de la educación superior que hará más difícil mejorar la baja productividad de los trabajadores y la habilitación de un nuevo retiro de los fondos previsionales privados que dejarán a 5 millones de trabajadores formales sin pensión futura.

Deponer el populismo legislativo debiera ser demandado por la población con el mismo ímpetu que se le reclaman una mejor gestión y cuadros calificados al Ejecutivo. En este caso, la gestión de las nuevas autoridades regionales a partir del año entrante estará marcada por las decisiones de los poderes del Estado, cuyo balance hasta ahora le ha dado la espalda al desarrollo nacional.