¿Qué puede hacer el MEF para contrarrestar la crisis?

Es prematuro determinar cuál será el impacto económico de la actual crisis política y la convulsión social que azota al país. El Banco Central de Reserva ha revisado marginalmente sus proyecciones para el cierre de este año y para el entrante; mientras que las agencias calificadoras de riesgo concluyen que el entrampamiento político y la crisis de gobernabilidad crónica minan la capacidad de pago soberana pese a contar con fundamentos macroeconómicos sólidos. Algunos analistas externos consideran que crecer a tasas de alrededor de 3% y mantener la inflación en un dígito constituyen logros y distinguen al Perú de sus países vecinos que tienen mayor estabilidad política, pero con indicadores macroeconómicos desfavorables.

Si bien la resiliencia económica es destacable y real, la pregunta que asoma es hasta cuándo durará. Una visión benigna indica que la desaceleración es producto de haber desaprovechado los elevados términos de intercambio. Un mitigante a una mayor precarización es que las bases del modelo no han sido socavadas. Incluso el manejo económico se ha librado del copamiento político y permite augurar una recuperación más robusta sujeta a la normalización del contexto externo y que se recupere un mínimo de estabilidad social. Respecto a esto último, la pelota está en la cancha del Congreso.

Sin embargo, una visión más pesimista prevé años de estancamiento económico y retroceso en lo social ante un sistema político disfuncional que impide la adopción de reformas necesarias que apuntalen el crecimiento potencial. Esta visión es abonada también por la gran desafección ciudadana ante la incapacidad del gobierno de mejorar la calidad de vida de la mayoría de peruanos.

En este marco, ¿cuál debiera ser la agenda de corto plazo que la nueva gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorice? Hay dos aspectos a considerar, uno bajo su directa competencia y otro que apela a su manejo transversal, su capacidad técnica y que se tome la decisión de ir más allá de sus fueros.

Primero, un activo y eficaz acompañamiento a la gestión de las nuevas autoridades subnacionales. El MEF al ser rector de sistemas administrativos clave y tener presencia desconcentrada en todas las regiones tiene la capacidad de identificar y priorizar con las nuevas autoridades cuales son los proyectos de inversión que están en ejecución con expedientes técnicos suficientemente sólidos y darles la debida continuidad. Dotar de recursos para el despliegue de gerentes de Servir y garantizar el acompañamiento concurrente de la Contraloría (en los proyectos de mayor complejidad), y priorizar intervenciones de mayor impacto social (en educación, salud, agricultura, y agua y saneamiento) evitarían retrasos adicionales y que se acumulen proyectos pequeños y atomizados, que muchas veces son el caldo de cultivo para la corrupción.

Un MEF más activo ayudaría a cortar la elevadísima rotación de funcionarios que atenta contra la continuidad de la gestión. No se puede repetir el hecho que la permanencia promedio de un gerente regional haya sido de diez meses en el último cuatrienio. El MEF debe acompañar el planteamiento de reforma que Servir impulsa para acelerar la implementación de la meritocracia en el Estado, saliéndose de su visión netamente hacendaria. Debe ser también más activo en liderar a los ministerios sectoriales que concentran la mayoría de las inversiones paralizadas, condicionando el financiamiento de nuevas obras a la reducción del stock de obras trabadas. El foco debiera también estar puesto en la ejecución del marco legal aprobado para acelerar las asociaciones público-privadas y ampliar la modalidad de obras por impuestos. A la par de ello hacer el seguimiento permanente y la necesaria asistencia técnica a los pliegos para su correcta ejecución del actualizado Plan Nacional de Infraestructura. Esto demanda la acción conjunta de todas las entidades públicas y un fuerte impulso a la gestión de Proinversión.

Segundo, procurar la aprobación de las normas pendientes del Plan Impulso Perú en el Congreso quebraría la percepción que el entrampamiento político no permite avanzar con una agenda que consolide la reactivación. Sin embargo, la efectividad del Plan dependerá de la recuperación de la confianza. La salida de Castillo y el reemplazo de su gabinete por uno de mayor solvencia técnica debe generar mayor confianza hasta que se lleven adelante las elecciones generales.

No obstante, el MEF debe ser más proactivo e ir más allá de este plan de estímulo para acelerar el cambio de ánimo de los agentes económicos. El Ministerio debiera usar sus programas e instrumentos disponibles (incluyendo a las mesas ejecutivas) para apoyar el cumplimiento de los compromisos que se adoptan para gestionar los conflictos que afectan a la minería. Esto debiera ser complementado con un plan explícito para que las entidades que otorgan permisos cumplan con plazos razonables, retomando con mayor prioridad las ventanillas únicas y se desatore la cartera de proyectos de inversión que está en compás de espera.

Otro ámbito de intervención debiera ser el desmontaje de la Agenda 19 y su sustitución por un espacio de concertación que propicie el retorno de los gremios empresariales al Consejo Nacional del Trabajo. Será desafiante llegar a posiciones equilibradas, pero garantizar que las normas cumplan con los estándares mínimos de calidad regulatoria quebrarían la desconfianza dominante. Un parámetro básico es que ninguna regulación incremente la informalidad laboral existente.

Avances en estas materias, incluyendo que se respete la opinión de la tecnocracia ante el populismo legislativo, ayudarían a que el MEF recupere el liderazgo perdido en los últimos años; pero esto ciertamente requiere de respaldo total de la presidenta de la República y que se mantenga un equipo multisectorial afiatado y consistente. La nueva gestión requiere mostrar logros explícitos y rápidos que vayan más allá de mantener la disciplina fiscal para que el escenario benigno domine. Comprarse más pleitos ayudará a recuperar la confianza.