La falsa bandera de la competencia

Dados los patrones demográficos que avizoran un envejecimiento de la población cada vez más acelerado, resulta prioritario ampliar la cobertura previsional que solo alcanza a 3 de cada 10 peruanos y lograr una pensión mayor incrementando la densidad de cotizantes a un sistema contributivo. Sin embargo, los cambios propuestos por los políticos no hacen nada por atender estos desafíos y, por el contrario, plantean recetas que son financieramente insostenibles o ignoran la persistente elevada informalidad de nuestro mercado laboral. Por un lado, insisten en revivir el sistema público de reparto tomando por un hecho que el Estado tiene una billetera ilimitada y trasladando el problema a futuras generaciones de contribuyentes que tendrán que bancar estos mayores egresos fiscales. Ignoran cualquier discusión de reforma laboral o tributaria. Por el otro, intentan corregir una supuesta falta de competencia, especialmente en el sistema privado, aludiendo que su carácter oligopólico ha mantenido las comisiones elevadas, afirmación que no se condice con la realidad.

El populismo legislativo, que empezó el 2016 con la aprobación de la devolución del 95.5% de los aportes de los afiliados al llegar a la edad de jubilación y que se ha exacerbado durante los últimos 12 meses, ha causado estragos significativos. Los legisladores se han valido de la pandemia para justificar vaciar las cuentas previsionales de los aportantes como panacea de corto plazo ante la estrechez económica que viven muchos hogares peruanos. El proyecto de ley para la libre desafiliación a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y el traspaso a cuentas previsionales en el sistema financiero que se discute en la Comisión de Economía busca brindar de liquidez a los afiliados a través de la utilización de sus fondos de pensiones. A esto se suman las habilitaciones legales previamente aprobadas para retirar fondos de las cuentas previsionales, lo que provocaría que haya un total de 5.1 millones de afiliados con saldo 0. En lugar de fortalecer el sistema previsional, se ha dejado a millones de ciudadanos expuestos a la pobreza cuando lleguen a la edad de jubilación. Esta situación hace prever una crisis futura a la que se le debe prestar la máxima atención.

Ahora se insiste en reducir las comisiones y permitir la entrada de otras entidades financieras para generar mayor competencia a las AFP. En primer lugar, es importante clarificar que las comisiones que cobran las AFP se han reducido a la mitad desde la reforma del 2013. Los ingresos por comisiones sobre el valor del fondo administrado, en promedio, han bajado de 1.3% en el 2013 a 0.68% en el 2020. Este nivel se ubica por debajo de México (0.81%), Chile (0.73%) y Colombia (0.68%). En segundo lugar, el tamaño del mercado limita el número de AFP. Mientras que en nuestro mercado tenemos 4 AFP, en México hay 10 AFP que administran más de 60 millones de cuentas individuales. Además, la escala que se requiere para reducir aun más las comisiones no ha sido posible justamente por los retiros y la jubilación anticipada que hacen que cada vez haya menos aportantes y un menor fondo que administrar.

Mas allá de la especialización de las AFP, hay razones por lo que resulta inconveniente que la banca compita con las administradoras privadas de pensiones, sin que ocurran otros cambios que nivelen la cancha. En primer lugar, está el tema de la rentabilidad. Los fondos mutuos ofrecidos por la banca comercial, que son los instrumentos más parecidos a los que gestionan las AFP, son menos rentables (por los plazos menores en los que invierten) y cobran mayores comisiones que las AFP (3% más IGV). En general, la banca comercial paga tasas de interés más bajas en promedio. De hecho, según la SBS durante el pasado mes de abril, la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual de la banca privada osciló entre 0.1% y 4.4% mientras que la rentabilidad nominal anualizada en los fondos de pensiones tipo 1, 2 y 3 superó el 7% durante el mismo mes (7.1%, 8.7%, 8.1%, respectivamente).

De otro lado, si efectivamente se quisiera una mayor competencia que reditúe en beneficios para los afiliados, los legisladores deberían crear condiciones parejas para todos los actores en el mercado. Si lo atractivo de un fondo mutuo es la diversidad de alternativas de inversión que se le ofrece a los afiliados, se debería levantar la prohibición legal que tienen las AFP de crear nuevos fondos. Si lo atractivo de trasladar el ahorro previsional a la banca comercial es recibir una tasa fija sin variabilidad y “sin el cobro de comisiones”, se debería autorizar a las AFP para crear ese producto y cobrar de manera diferente. A diferencia de los bancos y las cajas que pueden cobrar por muchas razones (ej. uso de ventanilla, estado de cuenta, uso de cajeros, etc.), las AFP solo pueden cobrar por la comisión de gestión. Si se quiere mayor competencia, sería aconsejable que se permita a las AFP competir en productos bancarios, como el manejo de CTS o fondos mutuos. Crear igualdad de condiciones para una mayor competencia también pasaría por regular la oferta de productos diferentes dentro del mismo grupo financiero. De lo contrario, ¿podría una AFP competir en igualdad de condiciones con una entidad financiera que no solo administre un fondo de ahorro de largo plazo sino también que ofrezca una tarjeta de crédito? Evitar conflictos de interés debiera ser una consideración clave del legislador.

Si de verdad se quiere introducir una mayor competencia, empecemos por nivelar la cancha de juego para todos los actores sin excepción. Los desafíos previsionales son reales y han obligado a adoptar importantes reformas en la mayoría de los países destinados a aumentar la cobertura, suficiencia y competencia que beneficie a millones de ciudadanos. Postergar un debate serio e integral significará hipotecar el bienestar de las futuras generaciones.