Informalidad laboral y migración venezolana

Aun cuando el canciller Maúrtua afirmó que el Gobierno está redoblando sus esfuerzos en favor de la población migrante durante la reciente Conferencia Ministerial sobre Migración realizada en Colombia, esta postura no se condice con la adopción de políticas públicas que aprovechen la presencia de alrededor de un millón de venezolanos que residen en el Perú. Antes de la pandemia, la migración estaba siendo beneficiosa, en términos fiscales, al generar una recaudación impositiva mayor que el gasto público que esta población consumía en materia de servicios públicos de salud, educación, entre otros (proyectada por el Banco Mundial en 0.2% del PBI promedio anual en el periodo 2019-2025).

Sin embargo, el mayor desafío en la actualidad radica en lograr que la oferta de trabajadores calificados venezolanos se sume al mercado formal y no a la informalidad laboral como ha estado ocurriendo. Esto impactaría positivamente sobre la productividad laboral y aseguraría también una contribución fiscal neta positiva al país. Por el contrario, la mayor precariedad del mercado laboral que alcanza a un 75% de la fuerza laboral dificultaría este proceso y alentaría aún más las lamentables reacciones xenofóbicas de quienes sienten que sus trabajos están siendo desplazados por trabajadores migrantes que estarían dispuestos a percibir menores sueldos por desempeñar funciones similares. Según el Banco Mundial, los venezolanos ganan hasta un 37% menos por hora de trabajo que los peruanos desempeñando funciones similares, brechas de ingreso que se observan al margen del tamaño de empresa o niveles de calificación.

El Gobierno en lugar de liderar una agenda pro-crecimiento económico y plantear medidas que mejoren el funcionamiento del mercado laboral y propicien una mayor formalización, persiste en impulsar una agenda garantista a favor de los sindicatos. Esta agenda omite consideración alguna respecto de las condiciones de vida de los migrantes venezolanos que se han deteriorado significativamente durante la pandemia.

Según la Encuesta Regional a Migrantes y Refugiados Venezolanos realizada por Equilibrium Cende, más de un tercio de los migrantes venezolanos manifestó que se quedó sin trabajo durante la cuarentena y se encuentra en búsqueda de empleo y cerca del 60% de migrantes perdió la mitad de sus ingresos durante la pandemia. Un gran segmento de migrantes ha encontrado empleo en las plataformas digitales de intermediación, como las aplicaciones de delivery, que han sido importantes válvulas de escape para cientos de miles de trabajadores.

Los migrantes venezolanos en el Perú son principalmente jóvenes con educación superior. Según la misma encuesta, 40% de los venezolanos migrantes en el Perú cuenta con educación superior completa (por encima del promedio nacional). Un claro beneficio de la migración venezolana sería aprovechar de los mayores niveles de calificación técnica y experiencia laboral que los migrantes adquirieron en su país de origen. Según estimaciones del Banco Mundial, la inversión en educación de la población venezolana le habría costado al Perú cerca de USD 3,000 millones, equivalente a un tercio del presupuesto anual de educación del país.

Ni la Política General de Gobierno 2021-2026 recientemente publicada ni el discurso de investidura de la premier Vásquez han incluido mención alguna sobre la migración.

Luis Miguel Castilla

Sin embargo, una parte importante de esta mano de obra se encuentra subempleada o ha engrosado las filas de la informalidad. De hecho, sectores de alta informalidad, como el de hoteles y restaurantes y comercio, ocupan aproximadamente a la mitad de los venezolanos y solo un 12% del total de la población migrante cuenta con un contrato laboral.

Una estimación para la economía peruana del Banco Mundial arroja que el valor agregado de la productividad laboral tiene el potencial de incrementarse un 3.2%, por efecto del número de migrantes. Sin embargo, para que estas ganancias en productividad se materialicen es necesario que la población migrante tenga acceso a empleos compatibles con sus calificaciones. En este sentido, un alivio de corto plazo sería que el Gobierno decida brindar mayores garantías a los migrantes para el ejercicio de su profesión a través de la reducción de los costos para el reconocimiento de títulos profesionales. Según la encuesta de Equilibrium Cende, solo el 4% de los venezolanos migrantes ha convalidado sus títulos de educación superior en el Perú, mientras que en el Ecuador la convalidación alcanza el 28% de los migrantes. Más allá de esto, la agenda debiera ser una que propicie una mejor inserción laboral de todos los trabajadores, nacionales y migrantes.

El Perú cuenta en lo formal con una Política Nacional Migratoria 2017-2025 que tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes; sin embargo, carece de planteamientos efectivos que permitan materializar plenamente su aporte económico. Entidades multilaterales han establecido un conjunto de recomendaciones para maximizar los beneficios de la migración, incluyendo la adaptación del marco institucional y legal, la ampliación de la oferta de servicios de salud, educación, entre otros, y la difusión de una estrategia comunicacional que aclare mitos y destierre caracterizaciones que no se condicen con la realidad. Si antes de la pandemia la inserción económica de los migrantes venezolanos era desafiante, lo es mucho más en el contexto actual de mercados laborales precarizados.

Ni la Política General de Gobierno 2021-2026 recientemente publicada ni el discurso de investidura de la premier Vásquez han incluido mención alguna sobre la migración. Un primer paso será erradicar los prejuicios y las prácticas discriminatorias (72% de los venezolanos han sufrido de discriminación) y no olvidar que la migración trae consigo importantes beneficios económicos solo si se adoptan las políticas públicas necesarias, especialmente en materia laboral.