Hacia una transición energética equilibrada

Los sistemas energéticos del mundo se encuentran en un proceso de migración hacia energías más limpias y sostenibles en el largo plazo. Para cumplir con los compromisos climáticos internacionales, se vienen realizando esfuerzos importantes orientados a lograr esta transición. En esta línea, en los países europeos, por ejemplo, se ha venido dejando de lado fuentes de generación como el carbón y la energía nuclear, mientras los recursos energéticos renovables (RER), como la generación eólica, la fotovoltaica y la de biomasa han venido ganando importancia relativa en el tiempo. La reticencia de la Unión Europea de imponer sanciones al gas ruso ilustra el grado de dependencia y la sensación de urgencia de diversificar las fuentes de energía en el viejo continente.

Si bien la preocupación por una matriz de generación eléctrica más limpia y sostenible es global; según cifras de la Agencia Internacional de Energía Renovable, este problema en particular no resulta apremiante para Latinoamérica. Esto debido a que la región cuenta con una producción eléctrica relativamente limpia. La mitad de la energía en Latinoamérica es generada con recursos hídricos y alrededor de un cuarto con gas natural, el 17% con carbón y petróleo; mientras que el resto corresponde a las RER.

En el caso del Perú, el proceso de transformación de la matriz de generación eléctrica se ha caracterizado -desde la entrada en operación del Proyecto de Camisea en 2004- por un reemplazo de fuentes fósiles contaminantes (diésel) por fuentes fósiles menos contaminantes (gas natural). Según Macroconsult, el gas de Camisea contribuyó a mitigar las emisiones de carbono en 64 millones de toneladas, principalmente en el sector eléctrico. Es así como nuestro país emite 45 millones de toneladas de dióxido de carbono, 50% menos que Colombia y una décima parte de lo emitido por Brasil. A la vez, se ha logrado mantener una estructura de costos de generación energética que le permite al país ser bastante competitivo a nivel internacional. Según el FEM, el Perú se encontraba en 2021 en el segundo puesto en Sudamérica en la dimensión de “Desarrollo económico y crecimiento” del subíndice de performance del sistema eléctrico del Índice de Transición Energética. Se estima que el ahorro generado por Camisea a los usuarios eléctricos superó los $ 3,000 millones en 2019.

Sin embargo, en los últimos años, en el Perú han surgido algunas voces que reclaman que no basta limpiar la matriz energética reemplazando diésel por gas, sino que se debería ser más agresivo y plantear como meta de mediano plazo la emisión cero de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Ello implica que debería promoverse una mayor participación de las energías renovables (especialmente la fotovoltaica y la eólica). En esta línea, se han dado algunos avances normativos. En 2008, se promulgó el DL1002, que estableció el marco de promoción de las energías renovables, impulsando la inversión privada en esta materia. En virtud de esta norma, se estima que el desarrollo “privado” de los proyectos renovables ha implicado un subsidio de aproximadamente $1600 millones a la fecha, por parte de los usuarios eléctricos. Recientemente el Gobierno declaró de interés nacional la emergencia climática, estableciendo el aumento progresivo de la participación de los RER en la matriz eléctrica, llegando al 20% al 2030 (DS 003-2022-MINAM).

Si bien el Perú posee un amplio potencial para utilizar energías renovables, un proceso agresivo de transición a estas energías tendría que considerar, como mínimo, los impactos en los costos de generación, el impacto económico ocasionado por el eventual desplazamiento del consumo del gas natural, la eventual disminución de regalías que se dejarían de percibir y la penetración de los RER, considerando el impacto en términos de confiabilidad sobre el sistema eléctrico.

La política energética nacional debe ser muy clara en cuál debería ser la composición a mediano y largo plazo de la matriz de generación eléctrica, de forma tal que se satisfagan las condiciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y se mantenga al mismo tiempo la competitividad de la estructura productiva del país.

Mantener una matriz energética eficiente exige el trabajo conjunto del Ejecutivo, el Congreso y el sector privado sin caer en promesas demagógicas ni móviles políticos y velando por lograr un equilibrio técnico entre los objetivos del “trilema energético” de competitividad, sostenibilidad y seguridad. Por el contrario, una visión estatista que le otorgue mayor prominencia a las empresas públicas o al otorgamiento de subsidios que distorsionen el mercado, como pretende el Gobierno, jugarían en contra del futuro energético y el desarrollo del país.