Presidenta de AFIN
En las últimas semanas empezamos a encontrar discursos interesantes entre los distintos integrantes del gabinete ministerial y otros funcionarios de alto nivel. Un artículo reciente de la ministra de Transportes, en un medio local, ofrece un diagnóstico duro pero sincero sobre las razones del poco avance en la infraestructura de transporte en los últimos años: proyectos mal formulados, poca planificación y pésimos procesos de contratación. También se han anunciado ajustes importantes como que la red dorsal nacional no seguirá siendo administrada por el propio ministerio, lo cual constituía un retroceso en la política de telecomunicaciones, que ha permitido crecer en cobertura y calidad con más de US$ 20 mil millones de inversión privada.
El gabinete y el ministro de Economía, en particular, promovieron una delegación de facultades que permitiría hacer una serie de ajustes en la legislación aprobada los últimos años que lo único que ha logrado es burocratizar más todos los procesos críticos sin ningún correlato en reducción de la corrupción. La iniciativa de capacitar agresivamente a funcionarios regionales y locales para una mejor ejecución de sus proyectos de inversión pública es también destacable.
En los sectores sociales, como AFIN hemos tenido interesantes reuniones con Educación y Salud, en donde, hasta hace unos meses hablar de participación privada era poco menos que una grosería. Curioso porque la evidencia que tenemos en salud demuestra que una asociación público-privada (APP) puede mejorar la calidad y el costo de la prestación de estos servicios. En educación tenemos una APP recientemente otorgada que permitirá tener colegios de alto rendimiento en tres regiones con altos estándares de calidad en términos de infraestructura, operación y mantenimiento; y en ProInversión hay otros cinco proyectos en Lima y Cusco que beneficiarían a más de 80 mil estudiantes de educación básica y alternativa. Funcionarios de carrera que estuvieron allí los últimos años, que conocen que el esfuerzo para cerrar brechas requiere una participación activa de todos y que al mecanismo de la obra pública (que incluye los ya conocidos G2G) hay que sumarle proyectos de obras por impuestos y de APP, parecen haber recibido el empoderamiento necesario para relanzar iniciativas aletargadas.
ProInversión también ha estado activa. Anuncia proyectos que tienen muchos años pasmados durmiendo el sueño de los justos, como el Anillo Vial Periférico o el proyecto de Obras de Cabecera, ambos en Lima. Ahora toca ver su ejecución, que confiamos esta vez sí sea óptima.
Hasta aquí, creo que hay señales que indicarían que hay un énfasis en volver a poner el Estado a andar. Evidentemente, obras son amores y no buenas razones.
Pero también hay situaciones que preocupan. Una reciente norma que permite que la refinería de Talara se salte todos los procesos de autorizaciones que cualquier empresa privada tendría que cumplir para operar una refinería, ofrece una señal muy desalentadora. Ante cualquier suceso, ¿quién se hará responsable por una operación sin permisos ambientales, sociales o de seguridad? Evidentemente, la ocasión es propicia para preguntarse cuántas de estas regulaciones son barreras burocráticas que no aportan nada, pero la respuesta a esta pregunta debe estar contenida en normas simplificadoras que se apliquen a todos, empresas públicas y privadas.
También preocupa la lenta ejecución de los distintos proyectos de transmisión eléctrica que, como bien ha alertado el presidente del COES, ponen en riesgo la planificación energética del país. Aplicarles las normas de APP a estos proyectos ha sido el origen del problema. Hace unas semanas, ProInversión adjudicó dos proyectos de transmisión eléctrica, pero aún tiene en cartera cuatro proyectos por más de mil millones de dólares, que son necesarios para cumplir con la planificación energética.
En el sector Energía y Minas, parece que aún estamos empantanados. Poca claridad sobre un manejo más integral y efectivo de los distintos conflictos sociales y un discurso ministerial muy centrado en Petroperú, volviendo a poner al Estado en la exploración y explotación de hidrocarburos. Los otros subsectores a cargo de este ministerio están avanzando por inercia cuando requieren un impulso decidido.
Y en agricultura, aún no hay luces en torno a Majes y Chavimochic, sobre los que sería bueno empezar a notar que se cumplan hitos importantes para que sean realidad.
La agenda de inversión en servicios públicos es grande, pero puede entregar extraordinarios resultados rápidamente si es enfrentada con liderazgo y convicción, ofreciendo a la población razones para creer que su Estado sí funciona. Confiemos en ver pronto avances concretos.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.