Presidenta de AFIN
En infraestructuras de servicios públicos, el reto es tan grande que es imperativo tener un Estado que trabaje de la mano con la sociedad civil (empresarios, académicos y organizaciones sociales).
Empecemos por ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos lograr. Metas concretas como, por ejemplo, que todas las capitales de departamento cuenten con el 100% de cobertura de servicios básicos en los próximos “x” años.
En promedio, la brecha de cobertura de servicio de agua en las capitales departamentales es de 11%. Es decir, alrededor de 117 mil millones de soles. Además, el déficit de cobertura de alcantarillado en estas ciudades es en promedio del 21%, equivalente a 138 mil millones de soles.
Miremos la prestación de servicios de salud en su primer nivel de atención, que es el que podría resolver hasta el 80% de las necesidades de la población. Necesitamos implementar aproximadamente 1,100 establecimientos en las capitales departamentales, lo que a costos de la ARCC es 29 mil millones de soles y eso no incluye la rehabilitación y equipamiento de lo que ya existe y está en condiciones inadecuadas.
Asimismo, 3.3 millones de personas no tienen acceso a internet. Reglas claras y predecibles en este sector podrían impulsar una mayor inversión privada para esta ampliación de cobertura.
En transporte urbano, solo el 6.9% de ciudades cuentan con estudios de preinversión viabilizados por la unidad formuladora para el diseño del Sistema de Transporte Urbano al 2022, según información del MTC. Ni siquiera Lima Metropolitana y Callao cuentan con un sistema de transporte masivo integrado y solo las líneas 3 y 4 representan más de 30 mil millones de soles. El número en este capítulo es incierto.
La complementariedad de los servicios públicos permite mayores impactos. El efecto de acceder conjuntamente a diversas infraestructuras es mayor a la suma de los efectos de las intervenciones desarrolladas separadamente. Al respecto, Escobal y Torero (2004) encontraron que los ingresos de los hogares rurales crecen más cuando tienen acceso a un paquete integral de servicios, que cuando reciben de forma individual. Estimaron, además, que tener agua, electricidad y teléfono a la vez incrementaba los ingresos en 20%, mientras que la suma de los impactos individuales representaba un incremento menor del 5%.
Como se puede ver de la enumeración de servicios, las fuertes inversiones que representan y las oportunidades de las sinergias en la dotación de activos son innegables. Ello supone tener trabajando juntos a varios ministerios, a gobiernos regionales y locales. Y, por supuesto, al sector privado participando activamente con financiamiento y conocimiento.
La pregunta es por qué no nos comprometemos con uno o dos objetivos nacionales que nos enfoquen. Hacerlo no significa que no se puedan tener otras intervenciones, pero sí aporta sentido de dirección y prioridades tanto en la asignación de recursos fiscales y humanos.
Hoy no tenemos ninguna mesa de trabajo o institución que nos ayude a hacer una planificación de este tipo. Y sin esa mirada a mediano y largo plazo, lo que tenemos es una lista de intervenciones sin ninguna priorización.
