Economista y exministra de Salud
Como indiqué en el artículo anterior, en el discurso presidencial se mencionó el tema de la integración del sistema de protección en salud, sin haberse proporcionado suficientes elementos para la discusión pública desde entonces. En este sentido, esta columna no es un comentario a la propuesta, sino que plantea algunos lineamientos generales a tomar en cuenta en este sensible asunto.
Usualmente se tipifica la fragmentación del sistema de salud como una situación en la que coexisten subsistemas de salud diferentes y relativamente autónomos que brindan atención a diferentes segmentos poblacionales. Esta conceptualización hace énfasis en la dimensión organizacional del sistema. Una mirada más comprensiva debe tomar en consideración la diferencia en los derechos efectivos, en la disponibilidad de recursos y en el acceso a los servicios de estos segmentos poblacionales. Solo centrarse en lo organizativo sin considerar los cambios necesarios en estas otras dimensiones, puede llevar a una estrategia costosa y poco efectiva para el logro de los objetivos sanitarios deseados.
La dimensión más relevante para la unificación del sistema de salud es la igualación de derechos efectivos, al punto en que se puede afirmar que esta es la real dimensión en que la que se debe evaluar el grado de unificación del sistema de salud, mientras que las demás dimensiones pueden ser entendidas como medios para lograrlo.
Tomando el financiamiento disponible como una aproximación al nivel de derechos efectivos, se observa que los recursos asociados a un asegurado en el SIS son aproximadamente la mitad de aquellos que cubren a los asegurados en Essalud. Es decir, la protección financiera y el acceso a servicios efectivos entre ambos segmentos es claramente inequitativo.
Estimaciones del financiamiento requerido (gasto corriente y de capital) para cerrar esta brecha muestran que la presión sobre la caja fiscal es considerable y que se requiere aumentar significativamente la capacidad de absorción de los recursos por parte de las entidades involucradas. Debido a ambos factores, la ruta para la unificación de beneficios deberá ser gradual y con proyección de mediano y largo plazo.
¿Por dónde empezar? Igualando los derechos asociados a la atención primaria de la salud (Alma Ata, 1978) que comprende los siguientes servicios esenciales: la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y abordaje correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada; el abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la prevención y control de las enfermedades endémicas locales; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la atención de las enfermedades y traumatismos comunes, con especial énfasis en la atención materno-infantil y la salud sexual y reproductiva; y el suministro de medicamentos e insumos esenciales. Para una mayor precisión, este último componente podría operacionalizarse como el PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento de Salud) del primer nivel de atención.
La igualación de estos derechos efectivos en el campo de la prestación de servicios de salud debiera apuntar a que, bajo un único conjunto de estándares de calidad, los establecimientos públicos de salud del primer nivel, se pongan al servicio de los todos los asegurados del SIS y Essalud. Dada la mayor cobertura del Minsa y de los gobiernos regionales en este nivel de atención, esto supone comenzar hoy por potenciar la red de primer nivel existente en todo el territorio nacional.