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Las políticas laborales de la presente administración no tienen un buen diagnóstico de la actual situación de los mercados laborales peruanos. Si el Gobierno se mantiene en sus trece y/o el Congreso no interviene, se va a afectar tanto a empresas como trabajadores de un modo muy negativo a partir de su implementación. En particular, se trata de dos medidas recientes: la nueva definición de tercerización laboral y el quiebre del equilibrio en las negociaciones laborales entre empresas y sindicatos.
Cómo será de grave el problema que el sector empresarial ha decidido abandonar el Consejo Nacional del Trabajo, como muestra de su abierto desacuerdo ante las medidas unilaterales y profundamente equivocadas que viene tomando el Gobierno.
El problema central en los mercados laborales es que la gran mayoría de trabajo dependiente no cumple con la actual legislación. Ese elevado incumplimiento (informalidad laboral) es fruto directo de un mal diseño de la legislación -no toma en cuenta a las empresas informales- y de falta de fiscalización efectiva en algunos segmentos formales.
Partiendo del nivel del salario mínimo, que define que los trabajadores menos productivos del país, sea por su falta de formación laboral o por la baja intensidad de capital de las empresas donde laboran (en su gran mayoría microempresas y pequeñas empresas formales e informales), quedan automáticamente excluidos de la formalidad laboral. Es decir, su productividad laboral y por lo tanto su ingreso mensual no es superior al salario mínimo. Este problema es más notorio fuera de Lima.
Por otro lado, muchos trabajadores que ganan algo por encima del salario mínimo y que podrían comenzar a cumplir con la legislación laboral, se alejan también de la legislación, en mutuo acuerdo con sus pequeños empleadores formales. El hecho de comenzar a pagar los aportes a Essalud hace que el trabajador pierda el valorado seguro integral de salud (SIS). Asimismo, el aporte para su fondo de pensiones también es percibido como pérdida de salario líquido. Así, ocurre una suerte de acuerdo implícito. El trabajador recibe un mayor efectivo mensual y el empleador corre el bajo riesgo de la fiscalización.
Solo los trabajadores más productivos y que por lo mismo ganan muy por encima del salario mínimo y laboran en empresas medianas y grandes son capaces de cumplir con la legislación laboral.
Esa pequeña minoría de empleo formal está ahora bajo ataque. Los reglamentos y nuevas normas que viene aprobando el Ejecutivo van a golpear a la parte más moderna del país. Se puede llegar a afectar su desempeño, tanto en el caso de las normas de tercerización como en la negociación y resolución de conflictos laborales.
En el caso de la tercerización, se ha introducido un nuevo concepto de operación esencial. El problema es que, por su vaguedad conceptual, queda a la “libre” interpretación de la fiscalización laboral. Para producir un bien o servicio, las empresas contratan los bienes y servicios producidos por otras empresas y sobre ello agregan valor. Este valor agregado toma la forma de utilidades, salarios e impuestos. Dependiendo de cada empresa, ellas deciden si compran y producen ellas mismas un bien “esencial”. No es un tema de Sunafil, que debe encargarse de que todas las empresas cumplan con la legislación y los derechos laborales.
La fortaleza macroeconómica no solo se basa en un control de la inflación y en bajos niveles de riesgo país. Se requiere un buen funcionamiento del mercado laboral. Uno que refleje la dinámica de los negocios y la economía. Una economía con pleno empleo es la mejor política laboral. Solo así se hace posible alcanzar aumentos sostenidos de los salarios reales y el mayor nivel de empleo posible. El Ministerio de Trabajo está de espaldas a la realidad y en contra del interés general del país.
