La agenda ausente: mejorar la gestión pública regional

El recientemente publicado libro “Propuestas del Bicentenario: Rutas para el desarrollo regional”, iniciativa de Videnza Consultores, pone el foco en la identificación y diseño de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos de forma más homogénea en el territorio nacional. Estas abarcan la dotación de condiciones mínimas para hacer factible la actividad privada (particularmente de la pequeña y mediana empresa), conectividad física y digital, un ecosistema que propicie el aprovechamiento tecnológico y una institucionalidad que sea funcional a la provisión de bienes y servicios de calidad, así como a la competitividad regional.

Tras más de dos décadas de descentralización, es evidente que el proceso no ha alcanzado las metas esperadas. Las mayores responsabilidades y recursos recibidos por los gobiernos regionales y locales no se han traducido en el cierre de brechas entre regiones ni al interior de estas. Han estado ausentes las medidas que permitan encarar la desconexión entre los sistemas administrativos del Estado y la prestación de servicios básicos cuya competencia recae en los gobiernos regionales y locales; la ineficiencia en la ejecución de mayores recursos para la inversión pública; la falta de capacidades de los gobiernos subnacionales para cumplir con sus objetivos institucionales, como la dotación de mejores servicios para la población; y la elevada incidencia de inconducta funcional y corrupción. Esto explica por qué la mayoría de peruanos percibe que el país retrocede e importantes segmentos de la población exigen cambios radicales en la carta magna ante la disfuncionalidad y opacidad estatal.

En este contexto, se requiere mejorar con carácter de urgencia las capacidades de las autoridades, especialmente de cara al inicio de la gestión de gobernadores y alcaldes que resulten elegidos en los próximos comicios y también poner en discusión los modelos de gestión de infraestructura en, al menos, los sectores educación, salud y agua y saneamiento. En el cortísimo plazo, se necesita mejorar la asistencia técnica a las unidades ejecutoras subnacionales a fin de prevenir el desplome en la ejecución de la inversión pública (típico en el primer año de gestión de las nuevas autoridades regionales y locales).

Los gobiernos subnacionales tienen una baja capacidad de gestión para planificar, presupuestar y ejecutar inversión pública, principalmente por la falta de personal con las capacidades técnicas adecuadas para realizar todo el ciclo de la inversión. Lo anterior es un reflejo de la elevada atomización de los Gobiernos locales y de la poca capacidad técnica del personal que ahí labora. Según el Banco Mundial, la población promedio de la mayoría de los países latinoamericanos duplica o triplica la población promedio de las municipalidades del Perú, pues existen muchas municipalidades pequeñas. Este grado de fragmentación - alrededor del 60% de las municipalidades distritales cuenta con menos de 5,000 habitantes - deriva en inadecuados recursos fiscales, altos costos fijos administrativos e incapacidad para apalancar economías de escala en la prestación de servicios. A esto se añade la elevada rotación de autoridades regionales y locales cuando llega un nuevo ciclo político, lo que resulta disruptivo para el aprendizaje y la gestión de los funcionarios. En este sentido es fundamental que se aseguren procesos de transición ordenado, y que el Gobierno nacional realice acciones de acompañamiento a las nuevas autoridades, con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión, evitar la usual fuga de talento durante el ciclo político e, incluso, evaluar la reducción del número de distritos en el país (tarea que recae principalmente en el Congreso).

Además, urge mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, 19 de los 25 gobernadores regionales tienen investigaciones fiscales y, según la Contraloría, el perjuicio económico derivado de la corrupción representa más del 20% del presupuesto en nueve gobiernos regionales. Esta situación ha llevado a que se endurezca el control gubernamental de los actos de los funcionarios públicos y se judicialice la toma de decisiones. Pero quizás el mayor problema radique en la incapacidad de las instancias de control gubernamental para llegar a las jurisdicciones más alejadas del país y desplegar acciones de control interno de manera oportuna y eficaz. Esto no solo ocurre por la insuficiencia de recursos, sino por la carencia de cuadros técnicos disponibles para ejercer la función de auditoría.

Una gestión eficiente y proba amerita la atención urgente de la clase política que debe mirar más allá de sus intereses individuales, su constante confrontación por cuotas de poder y la desidia que muestran ante el acelerado deterioro del bienestar colectivo. Estos comicios regionales representan una oportunidad para empezar a retomar el rumbo y desterrar las promesas de “soluciones mágicas” a los problemas estructurales que enfrentan.