Jorge Cosio
Docente de la carrera de Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Le Cordon Bleu.
Como sabemos, Perú enfrenta una nueva desaceleración general de la economía, así como una repentina y marcada alza de la inflación, como resultado de los rezagos de la reciente pandemia, el alejamiento de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, y sobre todo por los recientes acontecimientos bélicos, que profundizan las dificultades logísticas y crean un inminente riesgo de desabastecimiento de algunos de los principales commodities básicos que se comercializan alrededor del mundo.
Y es que la guerra en Ucrania ha generado un profundo impacto en los mercados de diversos productos a nivel global, tornando altamente volátiles los principales mercados internacionales de alimentos, energías y fertilizantes, que ahora muestran precios históricamente elevados.
Según el último reporte del Banco Mundial, denominado “Guerra en la Región (Europa y Asia Central)”, que analiza los impactos del actual conflicto en el sur de los grandes llanos del este europeo, la guerra y las múltiples sanciones que se vienen imponiendo a Rusia amenazan la estabilidad de las relaciones geopolíticas de una región que sufrirá graves daños económicos y que es clave para el suministro de commodities agrícolas y energéticos a un gran número de destinos, entre los que se encuentran importantes países europeos, árabes, africanos y del sudeste asiático, que ya sufren un drástico recorte de sus suministros y elevados precios.
El conflicto ralentiza además el comercio de productos a nivel global y, según los expertos, todo apunta a que la volatilidad de los precios de los alimentos, energías y fertilizantes continuará por un tiempo prolongado, obligando a recomponer las cadenas globales de suministro en base a un nuevo y largo proceso de ordenamiento de los poderes económicos entre las grandes potencias.
En Perú, como vemos, el efecto inmediato de esta grave coyuntura se traduce hoy en escasez e inflación, que interrumpen nuestras expectativas de recuperación económica y de retorno al crecimiento que todos esperábamos para una vez superada la pandemia, y que si ciertamente se prolongan, causarían grandes estragos en nuestro futuro desarrollo.
Vemos ahora que se están tomando tan solo medidas de corto plazo a nivel local. Como ejemplos, el BCR continúa con su política monetaria contractiva elevando por novena vez la tasa de interés de referencia, mientras el legislativo, a iniciativa del gobierno, exonera de algunos impuestos al comercio de determinados productos alimenticios de consumo básico, y algunos políticos buscan los medios para controlar artificialmente los precios mediante una previa modificación del capítulo respectivo del régimen económico de la Constitución, a pesar que los controles de precios no funcionan desde la época del emperador Diocleciano, conocido por destruir la economía romana en el siglo III.
En este escenario, que hoy crea y profundiza conflictos sociales en distintos lugares de nuestro territorio, diversos foros locales e internacionales evalúan la situación y proyectan sus consecuencias, con miras en la adopción de las medidas necesarias para mitigar los peores efectos de estas coyunturas y revisar varios aspectos de las actuales políticas socio-económicas.
Es así que en la reciente Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, realizada en Ecuador, su Director General Qu Dongyu declaró: “estamos en un momento crítico para el mundo… lo afrontamos con una hoja de ruta clara: transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles”.
Surge entonces la necesidad de poner sobre la mesa de discusión los controvertidos temas de la soberanía y la seguridad alimentarias, que en Perú cobran especial importancia por las profundas desventajas históricas y estructurales (geográficas, económicas, tecnológicas y culturales), que limitan en mayor o menor grado nuestra posibilidad de tener éxito en ambos aspectos.
En años recientes, Perú ha logrado ampliar notoriamente su frontera agrícola y crear algunas cadenas de valor competitivas y de éxito internacional, sin embargo, este crecimiento aún no es suficiente, y esto se debe principalmente a una limitación natural relacionada con nuestra complicada geografía. A pesar de encontrarnos dentro del 10% de países con mayor territorio en el mundo, éste nos ofrece hoy, incluyendo todo nuestro reciente crecimiento, apenas una décima parte del promedio de tierras de cultivo a nivel global, lo que nos coloca muy lejos de ser una potencia agrícola y nos obliga a escoger entre la generación de divisas generadas por las exportaciones agroindustriales o privilegiar nuestra soberanía y seguridad alimentarias, intentando al menos restar nuestra dependencia de los alimentos importados y nuestra gran vulnerabilidad en relación a los altibajos de los mercados internacionales.
Pero no es todo, dado que a una difícilmente salvable situación geográfica se aúnan la falta de capitales, los elevados costos de producción y la ausencia de economías de escala debido a las escazas dimensiones de la propiedad sobre las tierras, la difícil accesibilidad al agua, la difícil o completa inaccesibilidad a los insumos y la tecnología (como las semillas transgénicas, y los fertilizantes, nutrientes y pesticidas importados), más un notable déficit de infraestructura, confluyendo todos estos factores en un importante sector marginado de la población, representado por un elevado 25% de la fuerza laboral que se desempeña directa o indirectamente en actividades agrícolas y recayendo todos estos problemas en un vasto sector de nuestra sociedad caracterizado históricamente por la pobreza.
Nos toca entonces revisar nuestros reales objetivos y políticas de largo plazo para la agricultura. Sin duda, este es el momento.