Congresista
En el Congreso de la República existe un verdadero carnaval de proyectos de leyes de reforma del sistema de ahorro previsional.
El sistema está hoy dividido entre un Sistema Privado de Pensiones (AFP), de cuentas individuales, contribución definida y beneficio incierto en ausencia de al menos una pensión mínima; y un sistema público de reparto (Sistema Nacional de Pensiones), de beneficios definidos (pensiones mínimas y máximas) sustentado en un esquema de intercambio intra generacional por el cual los trabajadores pagan las pensiones de quienes alcanzan la edad de jubilación, contribuyendo a un fondo común. Ninguno de los dos asegura—en promedio—una pensión digna.
Si bien, dada la relativa juventud de la población peruana, el problema no parece ser hoy muy urgente—apenas hay unos 2 millones y medio de personas mayores de 65 años--los cambios en el perfil demográfico del país—parte de la mega tendencia del envejecimiento relativo--constituyen un “peligro claro y presente”.
Al 2030, los adultos mayores de 65 años serán casi el 10% de la población estimada (37 millones 463 mil 580 personas) y al 2050 los mayores de 65 años representarán el 16% de una población esperada de casi 43 millones. Todo esto, con dos agravantes: uno, que la esperanza de vida se alarga inexorablemente y, dos, en su inmensa mayoría, estas personas no han ahorrado lo suficiente para afrontar con dignidad su vejez.
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Así, el “bono demográfico” que debería habernos ayudado a escapar la trampa de los ingresos medios a través de mayor producción y productividad, amenaza ahora en convertirse en una verdadera “bomba demográfica” que haga explotar la frágil fibra social del país. De allí el sentido de urgencia.
Aunque durante los últimos años el debate acerca del sistema de ahorro previsional ha consistido básicamente en una crítica incesante—y ciertamente, merecida—del sistema de AFPs, lentamente el debate comienza a mejorar.
Hoy, comienzan a “ganar tracción” y aceptación ideas tan aparentemente “disruptivas” como la aportación de un capital semilla universal para sentar las bases de una cultura de ahorro previsional, o el posible uso de sistemas indirectos como el financiamiento de aportes adicionales al ahorro previsional mediante la devolución de un porcentaje del IGV, o la posibilidad de decretar el aporte obligatorio para los trabajadores independientes y un aporte también obligatoria de los empleadores—esto último hasta hace poco un verdadero anatema.
Pero, en realidad, nada de esto es realmente disruptivo en el sentido de ser transformacional. Disruptivo sería pasar de un sistema de ahorro previsional obligatorio como el actual, a un sistema de ahorro previsional voluntario, “orientado” por incentivos positivos para su contribución y castigos para evitar—o por lo menos hacer costoso— el retiro anticipado de los fondos.
Por ejemplo, redefiniendo el “ingreso imponible”, de manera que éste no incluya lo que voluntariamente el trabajador destine al ahorro previsional. O, estableciendo “matching contributions” privados, es decir aportes del empleador como complemento espejo (en una proporción hasta del 100%) a lo que el trabajador decida asignar a su ahorro previsional.
Y en el caso de los trabajadores independientes, un “matching contribution” del Estado, con límites por supuesto.
Disruptivo sería poner en marcha un esquema previsional que de manera simultánea ayude a disminuir la informalidad laboral y a aumentar la recaudación tributaria total (como porcentaje del PBI) y marginal (a través de una mayor eficiencia en la recaudación) y que, de paso, ayude a legitimar la tributación en un país donde el sentimiento generalizado es que “pagar impuestos no sirve para nada”.
¿Cómo podría organizarse este esquema? Imaginemos un triángulo conformado por: la Cuenta DNI del Banco de la Nación, la detracción del IGV, y la existencia de un RUC universal para toda persona mayor de 18 años.
Hoy, las empresas formales pueden usar parte del IGV como escudo fiscal; en el nuevo esquema—donde todos tenemos un RUC —dicho beneficio se materializaría en la forma de una contribución a la sub-cuenta de ahorro previsional de la Cuenta DNI del Banco de la Nación.
Las consecuencias inmediatas del establecimiento de este esquema serían: la eliminación de la dicotomía “boleta o factura”, un fuerte impulso a la formalización, la alineación de intereses “tributarios” entre el Estado y los contribuyentes y la legitimización del sistema. Disruptivo sería…etc., etc., etc.
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