Falta de subsidios para vivienda social, un grave y recurrente problema

La actividad económica producida por la inversión del Estado en subsidios a la vivienda social a través del Bono del Buen Pagador que otorga el Fondo Mivivienda, es casi veinte veces dicha inversión; con lo cual esta actividad hace que el Estado recaude en impuestos dos veces y medio lo invertido. Asimismo, los subsidios otorgados a través del Bono Familiar Habitacional a la vivienda destinada a los hogares de menores recursos, hace que estas familias no vivan en situación de permanente riesgo ante desastres naturales, no tengan que esperar quince años para contar con agua potable y alcantarillado y que el Estado no tenga que gastar hasta dos veces el valor de una casa completa solo en proporcionarles una conexión domiciliaria.

Lo señalado ha sido evidenciado por más de un estudio. Por otro lado, mientras los presupuestos de inversión pública cada año revierten al tesoro porque no se ejecutan por completo, en el sector de la vivienda social se agotan a mitad de año. Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Construcción son conscientes de lo anotado y hacen esfuerzos todos los años para literalmente pelear por los presupuestos para estos subsidios.

¿Por qué se produce esta situación año a año, si son tan evidentes las ventajas que trae al Estado el apostar por el crecimiento de la vivienda social? La respuesta parece estar cercana a la que explican varios de los problemas actuales en el país: la falta de acuerdos entre las distintas instancias del Estado que entienden la política como permanente confrontación. Pues en efecto, la Ley de Crédito Suplementario para completar el presupuesto de subsidios a la vivienda social hasta fin de año, no se debatió en la legislatura recientemente concluida, simplemente por ese permanente estado de conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo en nuestro país. De esta manera, en los próximos meses muchas familias pobres no podrán recibir su anhelada vivienda, muchos desarrolladores inmobiliarios no invertirán en vivienda, dada la incertidumbre producida, mientras la informalidad una vez más ganará terreno al quedarse sin competencia.

Hace varias décadas que las ciudades y viviendas en el Perú se vienen construyendo a través de la informalidad e ilegalidad. De esa manera, estas nefastas prácticas sustituyen a la necesaria planificación, ingeniería y formalidad en las ciudades. Esta realidad que ha ocasionado que la infraestructura para los servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica, pistas y veredas vaya siempre detrás de la ocupación por invasión. Y con todos los problemas que esta situación acarrea, no se combate adecuadamente, primero porque no está entre las prioridades de los políticos una Ley de Financiamiento Habitacional que asegure la provisión de fondos para la Vivienda Social de forma multianual, y segundo porque no se ponen de acuerdo siquiera ante una urgencia como la descrita.

Desde CAPECO venimos reclamando una política de vivienda más ambiciosa que permita resolver el problema de millones de ciudadanos de forma más acelerada y no a cuenta gotas. Estudios encargados por los gremios de empresas inmobiliarias a la consultora GRADE, arrojan que en el presente siglo el 93 % de las superficies ocupadas por expansiones urbanas en las ciudades del Perú, han sido tomadas de manera informal; si este dato contundente no llama a la reflexión a nuestras autoridades políticas, va a ser difícil implementar un modelo exitoso como el que tienen países vecinos como Colombia y Chile. En estos dos Estados existen políticas que tienen continuidad e inversiones públicas que aseguran colocaciones de bonos a las familias de menores recursos; políticas que les han permitido sobrepasar respectivamente, las 200,000 y 100,000 viviendas de interés social vendidas al año. Estas cifras son inmensamente superiores a las metas logradas en el Perú, las cuales han quedado en el orden de las 22,000 unidades como venta de vivienda nueva.

Tenemos un largo tramo por recorrer, y sin embargo, en lugar de avanzar hacia la meta, retrocedemos al deteriorar las expectativas en los programas Mivivienda y Techo Propio por parte de las familias y empresarios. Estos dos programas han sido pilares en el crecimiento - insuficiente aún, pero crecimiento al fin - de la oferta, compra y venta de vivienda social en el país, de manera que no pueden perder la confianza por parte de los agentes que interactúan en torno a ellos. Es de trascendental importancia que se resuelva el asunto de la falta de subsidios para vivienda social y que en años próximos no caigamos en el mismo hoyo. Hoy la pelota está en cancha del Congreso de la República.