Escribe: Guillermo Boitano, director de Economía de la Universidad de Lima.
De acuerdo con las estimaciones del IPE, la inversión privada en el país debería superar los US$ 50,000 millones para el 2025. Este hito coincide con otro evento importante: APEC Perú 2024. Por tercera vez, nuestro país fue anfitrión de este encuentro, que involucra a economías que representan más del 60% del PBI mundial y en el cual el megapuerto de Chancay fue inaugurado. Adicionalmente, hemos recibido otra noticia significativa: la ratificación de la calificación crediticia BBB de Fitch, con una mejora en la perspectiva de negativa a estable, lo que representa un aspecto positivo que los inversionistas, especialmente internacionales, consideran al decidir dónde invertir. Sin embargo, la calificadora mantiene algunas observaciones sobre los problemas que persisten en la economía peruana: inestabilidad política, social y de gobernabilidad; falta de consolidación fiscal y ausencia de reformas estructurales.
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Con este panorama, el Perú está en la mira de los inversionistas globales, y el 2025 se vislumbra como un buen año para la inversión, y, por lo tanto, para la economía del país, la creación de empleos y la reducción de la pobreza, entre otros beneficios.
No obstante, la situación descrita evidencia una realidad concreta: la dualidad entre la estabilidad macroeconómica y la inestabilidad política que afecta la institucionalidad. Este no es un fenómeno nuevo, ya que varios economistas han descrito al Perú como una economía fragmentada, en la que la interrelación entre la economía y la política puede potenciarse para bien o para mal. En este contexto, el poder político se sostiene no en una mayoría sólida, sino en grupos con intereses particulares, y las reformas estructurales necesarias no han sido completadas, lo que afecta, finalmente, la institucionalidad.
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Ha habido protestas. Muchos no perciben los beneficios de la estabilidad macroeconómica. Un ejemplo de esto es el grado de vulnerabilidad a la pobreza (más que la pobreza misma) en la población peruana: alrededor del 31.4% se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria, lo que significa que cualquier choque podría llevar a aproximadamente 10.6 millones de personas de nuevo a la pobreza. Esta situación también se explica por la fragmentación y la interrelación entre economía y política mencionadas anteriormente, ya que las distorsiones generadas por estos factores conducen a una mayor desigualdad y a menores oportunidades para un segmento importante de la población, lo que hace que los beneficios derivados de esta estabilidad permanezcan en unos y “goteen” hacia otros.
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Si no somos capaces de resolver esta fragmentación; de eliminar las dualidades; de promover un Perú inclusivo con políticas estables y permanentes, independientes de quien gobierne; de realizar los cambios estructurales pendientes y de fortalecer nuestras instituciones, seguiremos atrapados en un cúmulo de problemas, como en un laberinto sin salida, perpetuando la vulnerabilidad, el goteo y la disconformidad.
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