(Foto:GEC)
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Aldo R. Defilippi

Director ejecutivo de AmCham Perú

Hacia fines de enero pasado, realizamos una encuesta a nuestros socios sobre las perspectivas empresariales y el eventual rol del nuevo Congreso de la República. Más del 40% se mantenía optimista y señalaba que esperaba un mejor desempeño por parte de este poder del Estado; mientras que un 31% se mantenía neutral. Dado que el ‘plato fuerte’ eran las elecciones del 2021, muchos no veían a la nueva representación como una fuerza desestabilizadora y con capacidad de maniobra: había un sinfín de proyectos de ley por revisar y 18 meses no iban a bastar.

No hay duda de que la agenda económica y política se puso ‘on hold’ desde la propagación del COVID-19; pero la labor del nuevo Congreso, por bienintencionada que parezca, ha causado daños que ya nos está costando millones de soles, ha puesto entre la espada y la pared al futuro de las microfinanzas, busca favorecer intereses particulares y no reflejan las grandes señales de cambio que prometían. El Congreso pasado fue duramente criticado –con total justificación, dado el desenlace de las cosas–, pero este último, a pesar del corto periodo, podría terminar costando más, sobre todo a las personas de menores ingresos.

La emergencia sanitaria ha sido, lamentablemente, usada para tratar temas complejos por parte del Congreso y que no se resuelven de un día para otro. Tal fue el caso del Sistema Privado de Pensiones y el retiro del 25%. Dado el impacto negativo que esto iba a tener, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció que financiaría por tres meses a las gestoras de fondos para que éstas no rematen activos; afectando así el valor de los fondos restantes.

Otra medida anunciada por el BCRP fue la compra de dólares a las AFP para mitigar el efecto en el tipo de cambio. Si bien el problema fue ‘resuelto’, se advirtió constantemente de los peligros de la medida dictada por el Poder Legislativo; considerando que previamente se dictaron medidas para asegurar que la gente cuente con liquidez en el corto plazo –dos retiros de las AFP hasta por S/5,000, de acuerdo con el Ejecutivo–.

Una situación similar ocurrió con la ley que suspendía el cobro de peajes durante el estado de emergencia. Se señaló constantemente que dicha decisión costaría millones al Estado peruano, dado el incumplimiento de los contratos y que los casos se llevarían al arbitraje. De acuerdo con los especialistas, es probable que el arbitraje sea ganado por las empresas demandantes y se tenga que pagar S/300 millones por un tema de compensaciones. Cabe recordar que hace poco la Municipalidad de Lima perdió un arbitraje con Rutas de Lima (Peaje Chillón en Puente Piedra) y tendrá que pagar S/230 millones.

La última iniciativa por parte del Legislativo es el proyecto para congelar el pago de deudas a entidades financieras por 120 días. La SBS, junto con otras entidades, ya se pronunciaron al respecto y de los peligros que el proyecto implica –quiebre de hasta 26 entidades financieras, según la SBS–. El principal golpe sería hacia las cajas y microfinancieras. De acuerdo con la FEPCMAC, las cajas municipales registrarían pérdidas alrededor de S/2,475 millones. Otro detalle no menor es que, por más de que aún no haya una decisión concreta, ya se generó miedo dentro de los que cuentan con depósitos en dichas instituciones, lo que podría causa una corrida de ahorros masiva por el miedo a eventuales quiebras.

Son tres ejemplos en los que el remedio termina saliendo más caro que la enfermedad. En más de una oportunidad se han resaltado los daños de propuestas como éstas y que no atienden el problema de fondo de manera correcta. La reputación del Congreso era otro aspecto importante por ‘limpiar’, pero se sigue reforzando el estereotipo de que es una institución dañada.

Invocamos a una reflexión más crítica y razonable de lo que promulgan las autoridades y a siempre contemplar los costos indirectos, de mediano y largo plazo. Lo mismo para la ciudadanía. Es comprensible el malestar que se genera en tiempos difíciles; pero decisiones erradas o populistas no llevan a nada y van a causar daño en un futuro no muy lejano, si no de inmediato. Hoy más que nunca deberían pensar dos veces antes de actuar, decidir u opinar.

Como acaba de afirmar el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, muchos países, incluidos otros bancos centrales, compran bonos peruanos sobre la base de la confianza en la solidez macroeconómica del país (una de nuestras mayores fortalezas). Si la confianza se pierde con las iniciativas que se vienen impulsando de algunos sectores, los tenedores de dichos bonos van a querer venderlos, y como están en soles, generarán una demanda por dólares y las divisas saldrán del país.

El Estado de Emergencia aún no acaba y son muchos los retos que la sociedad enfrentará hacia fines de año y en el 2021. Es tarea de todos informarnos de manera adecuada, difundir información buena y concreta, y exigir transparencia. El COVID-19 ha expuesto muchas de las fallas de nuestra sociedad, instituciones y manera de hacer las cosas; el momento de cambiarlas es ahora.