El Congreso antitécnico y el presidente que no observa

La elección de la nueva mesa directiva del Parlamento se enmarca en un contexto en el que ocho de cada diez peruanos desaprueban la gestión del Congreso. Detrás de este abrumador rechazo está la percepción de una corrupción generalizada, superando largamente los bajos beneficios que la población percibe de las leyes aprobadas y los perjuicios causados en el bienestar ciudadano. En el pasado, la opinión técnica de las entidades públicas especializadas -como los organismos reguladores, las direcciones de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros - les daba racionalidad a las decisiones de los políticos y actuaba como diques de contención a los arrebatos de los presidentes de turno y los excesos de los padres de la patria.

Ese contrapeso técnico a las decisiones políticas se ha diluido significativamente en tiempos recientes y se ha perdido desde que se inició la gestión actual. En múltiples ocasiones el presidente Castillo ha hecho caso omiso de los informes ministeriales que han observado autógrafas antitécnicas emitidas por el Congreso. En su lugar, hay nuevos actores que han tomado preeminencia en los círculos más cerrados del poder dejando por fuera a la línea institucional del Ejecutivo.

En el caso del Congreso, las prácticas del pasado se han acentuado sin mayor atenuante desde el Gobierno. Los dictámenes aprobados por la comisiones legislativas y los cambios realizados en el pleno han carecido de sustento técnico, primando la improvisación y los intereses subalternos. Algunos ejemplos recientes ilustran esta penosa situación.

En materia de iniciativa de gasto, el Consejo Fiscal se ha hecho conocido por la cantidad de comunicados que ha emitido advirtiendo de los excesos inconstitucionales del Congreso. La más reciente aprobación (no observada por el Gobierno) es el reconocimiento de la preparación de clases de los docentes entre 1990 y 2012 que suma una deuda pública por S/ 42,000 millones. En el debate en el pleno con la participación de solo dos congresistas (más el presidente de la Comisión de Educación) se aprobó un dictamen en el que la Comisión de Presupuesto se inhibió de dictaminar. Una aprobación similar fue la aprobación por insistencia que el Congreso realizó para el pago de los fonavistas por un monto similar (aún pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional). Así el Congreso ha generado contingencias fiscales por cerca de 10% del PBI debilitando la solidez de las finanzas públicas.

En materia previsional, sin mayor discusión y en tiempo récord el Congreso aprobó una ley de pensiones mínimas que afectaría gravemente el concepto de seguridad social. Así, convierte el sistema privado de pensiones en un sistema de pensión básica insuficiente, pues establece una pensión mínima 24% inferior a la que se entrega en el Sistema Nacional de Pensiones (S/ 378 en el Sistema Privado de Pensiones SPP, frente a S/ 500 en el Sistema Nacional de Pensiones), generando una tasa de reemplazo muy inferior al estándar internacional. Una norma de este tipo, que no está enmarcada dentro de una reforma integral, tendría un impacto muy nocivo en el sistema previsional en su conjunto y pondría en riesgo cualquier reforma futura del sistema previsional. Esta autógrafa aún no ha sido publicada por el Congreso pese a que el plazo para que el Ejecutivo observara dicha ley ya venció.

En materia energética, la bandera de la masificación del gas natural es una de gran gravitación para muchas regiones del país, especialmente en el entorno de elevados precios de los combustibles y elecciones regionales. Sin embargo, la ley recientemente aprobada por el Congreso dista de cumplir con los objetivos planteados.

Lo que el Congreso aprobó deja a medio país sin los beneficios de la masificación al limitar el ámbito del alcance de la norma (al no comprender a las empresas concesionarias que tienen contrato vigente con el Estado). De hecho, el texto aprobado es muy genérico, al no establecer cómo será la participación de las empresas estatales y privadas en los proyectos de masificación que promueva el Estado. Por su parte, tampoco asegura que el mecanismo de compensación establecido utilice recursos monetarios ya recaudados como el canon gasífero, fondos públicos o recursos de Fondo de Inclusión Social Energética, con la finalidad de que no exista una distorsión excesiva en los precios finales del gas natural (por los recargos que se impongan) que puede desincentivar el consumo de gas natural.

Lo técnico sería que el Gobierno observe esta autógrafa, pero estando ad portas de Fiestas Patrias y dado el “costo político” que presumiblemente se tendría que asumir es previsible que tampoco se enmiende la plana al Congreso. En tanto no se asuman las prioridades nacionales con mayor responsabilidad y cada poder del Estado ejerza plenamente sus facultades se tendrá una población que continuará sintiéndose defraudada por una clase política que no esté a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, lo que prima son los intereses de pequeños grupos hoy en el poder y no el bien del colectivo.