Efectividad antes que heterodoxia económica

El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que enfrentar enormes retos en un contexto político delicado y de crecientes riesgos externos. La próxima presentación del Marco Macroeconómico Multianual y del proyecto de presupuesto del 2023 ante el Congreso darán más luces sobre los ajustes a la política económica que se pretenden adoptar. Sin embargo, resulta preocupante el reciente anuncio sobre la necesidad de lograr “una mayor coordinación entre la política fiscal y monetaria” con miras a evitar una mayor desaceleración económica. A la par y en pleno ejercicio de su autonomía, el directorio del Banco Central de Reserva (BCR) se dispone a revisar la tasa de referencia con miras a mitigar las expectativas inflacionarias. Estos episodios obligan a recordar las funciones de las máximas autoridades económicas y evaluar cuáles son los verdaderos problemas detrás de la caída de la inversión privada. Aun cuando los candados constitucionales son sólidos, el MEF no debiera dejarse distraer en discusiones estériles (y con carga ideológica) habiendo tanta urgencia por resolver.

En el plano institucional, las competencias de los responsables de la política económica están claramente definidas. Por un lado, el artículo 84 de la Constitución establece la autonomía del BCR, cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Por su parte, la Ley Orgánica del MEF establece que sus funciones son formular y dirigir la política económica y financiera, gestionar los recursos públicos, promover la inversión pública y privada, entre otros. Esta distinción es fundamental por la importancia que tiene y debe tener la autonomía de la política monetaria. Solo hay que recordar que cuando el instituto emisor estaba subordinado al poder político se generaban desequilibrios macroeconómicos y gran inestabilidad de precios. Desde 1993, la trayectoria de baja inflación y la credibilidad del manejo técnico del BCR contrasta con la inestabilidad financiera recurrente y crónica del pasado.

Al contrario de lo que se podría pensar, hay múltiples instancias de coordinación entre el MEF y el BCR, tales como el comité de caja, el directorio del Fondo de Estabilización Fiscal o el del Fondo Consolidado de Reservas. Además, en momentos de shocks externos, ciertamente se instalaron mecanismos ad hoc de monitoreo e intervención, incluyendo también a entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros. El ejemplo más reciente fue el trabajo conjunto que se realizó en el marco de la pandemia para la implementación del programa Reactiva Perú que evitó la ruptura de la cadena de pagos. Otros momentos de coordinación han ocurrido durante las crisis financieras externas del pasado. En ningún caso, hubo una intromisión en las funciones que cada entidad tiene según su mandato legal.

Además de estos ejemplos de coordinación, pareciera haber un diagnóstico errado de los factores que explican la caída de la inversión privada y el rol que juegan las tasas de interés en dinamizar la alicaída demanda interna. La política monetaria que se ha llevado hasta el momento sigue siendo expansiva. En lo que va del año, la tasa de referencia se ha incrementado en 300 puntos básicos, incrementos por debajo de los registrados en países como Brasil, Chile y Colombia. Según el BCR, la tasa de referencia real de equilibrio es 1.5%, habiendo espacio aún para mayores aumentos en tanto la inflación subyacente (que excluye alimentos y combustibles) siga al alza y las expectativas se mantengan elevadas. Además, la brecha insumo producto sigue estando negativa, lo que significa que hay capacidad ociosa en la economía por lo que el costo del financiamiento no es la restricción más importante para la actividad económica, al menos en el corto plazo.

La otra apuesta del MEF sería darle un mayor impulso a la inversión pública. Sin embargo, esta tiende a ser más reactivadora en el mediano plazo (cuando los multiplicadores son mayores) y adolece de serios problemas de gestión cuya eficacia depende de la acción colectiva de todo el gobierno y no solo de un ministerio. Otro escollo nada trivial es que estamos a poco de la elección de nuevas autoridades regionales y locales que tienden a tener un primer año de aprendizaje y renovación de cuadros, periodo en el que tradicionalmente la ejecución de la inversión pública colapsa.

Lo que sí haría una diferencia inmediata para mejorar la confianza es encarar los factores que han deteriorado el ambiente de negocios y las expectativas empresariales, especialmente la intención de contratar nuevo personal según las encuestas más recientes del BCR. Esto claramente está relacionado con los avances en las regulaciones parcializadas a favor de los sindicatos y los informales. El riesgo de que se exacerbe el clima de convulsión social, se vulnere la seguridad jurídica y se continúe imponiendo el populismo legislativo (con la venia del Ejecutivo) condicionarán también las decisiones de gasto de los agentes económicos. Esperemos, pues, anuncios efectivos de las autoridades económicas, porque cada vez la población sentirá más la pegada económica, y la paciencia ya comienza a agotarse.