GOBERNADORES REGIONALES. Es innegable que el proceso de descentralización por el que pasó el país es una transformación incompleta, que requiere aún de un arduo trabajo para que pueda cumplir la finalidad para la cual nació. Sin embargo, si algo debiera quedarle claro a la ciudadanía, sobre todo estando a días de una elección regional y municipal, es que lograr el tan ansiado cierre de brechas está más cerca de lo que creen, y le compete, principalmente, a sus autoridades subnacionales.
Los departamentos –mal llamados regiones–, sobre todo aquellos que cuentan con recursos mineros, tienen en sus arcas los fondos necesarios para mejorar los servicios básicos de sus habitantes. Contar con mejores hospitales y centros de salud, colegios y vías de acceso no debería ser un problema. Sin embargo, año a año las cifras referidas a ejecución presupuestal muestran que las autoridades no logran efectuar todos los gastos establecidos. La realidad demuestra que, por un afán político y una mal entendida ideología, varios alcaldes o gobernadores regionales prefieren mantener una actitud de disputa constante con la inversión privada, en lugar de buscar su apoyo para el bienestar de sus ciudadanos. Solo a manera de ejemplo, a julio de este año Cajamarca apenas había ejecutado el 18% de su presupuesto, mientras que Áncash apenas llegó al 27%.
Las autoridades que asumirán cargos a partir del 2023 empiezan con un pie en contra, pues el colapso en la ejecución de la inversión pública tiende a caracterizar el primer año de gestión debido al periodo de aprendizaje. Esta situación se puede minimizar si desde el Gobierno central se amplía la asistencia técnica a las unidades ejecutoras subnacionales, especialmente en el ámbito rural, siempre con una mirada que busque generar un sistema de gestión del conocimiento que permita identificar y compartir las mejores prácticas, buscando articular la planificación del desarrollo territorial con el presupuesto público y las transferencias que se le asignan a los gobiernos regionales y locales.
Dado que en la mayoría de los casos no se trata de un problema de recursos (tal como queda en evidencia en la nota que publicamos el día de hoy), es necesario que al momento de votar los peruanos se enfoquen en elegir a quienes evidencien un ánimo concertador y de búsqueda de colaboración con el sector privado. Es verdad que en determinados casos hay atribuciones que no les competen a los gobiernos regionales, como llevar adelante los grandes proyectos de inversión, pero las autoridades pueden convertirse en aliados que buscando lo mejor para los habitantes y faciliten la licencia social para dichos proyectos.