Peligro a la vista

CENSURA. El jueves de la semana pasada, el pleno del Congreso aprobó en primera votación una ley que, de ser confirmada, endurecería las penas y otras sanciones para los casos de calumnia y difamación cometidos a través de “redes sociales, sitios web, páginas web, portales y otros”.

La misma ley, además, haría posible que pueda dictarse prisión efectiva para casos que hoy no lo requieren.

Quienes promueven el proyecto –principalmente Perú Libre y el presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Américo Zambrano, también conocido por estar implicado en el caso de ‘los Niños’– aseguran tener buenas intenciones, como que se fiscalice la propagación de información falsa.

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Sin embargo, varios detalles sobre esta iniciativa nos hacen sospechar sobre lo que podría lograr en la práctica, tanto por problemas de forma como de fondo.

Sobre los problemas de forma, está el hecho de que esta ley fue aprobada por el Pleno sin un debate previo, apenas once minutos después de que el dictamen fuera sometido a su consideración.

Ello a pesar de que el mismo, además de su naturaleza evidentemente polémica, tenía opiniones contrarias de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y otras entidades especializadas de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión, las cuales no fueron consideradas.

Respecto de los motivos de fondo, como varios especialistas ya han advertido, la aprobación de este proyecto resulta potencialmente peligrosa para las libertades de prensa y expresión.

Como hizo notar la Defensoría, delitos como la injuria, calumnia y difamación “tienen una incidencia directa en el ejercicio de las libertades de expresión e información, por lo que toda propuesta de reforma debe tener en cuenta estándares sobre ambas libertades”.

Ya en el pasado hemos visto cómo líderes autoritarios como Rafael Correa o Hugo Chávez intimidaron a la prensa con demandas absurdas por calumnia y difamación.

En un país como el Perú, en que el sistema de justicia no funciona como debería y que no está a salvo de caer en un Gobierno autoritario (de cualquier tendencia), volver muy rígidas las sanciones por estos delitos agravaría el peligro de que sean mal utilizados como amenazas contra la prensa libre.

Quizá lo peor es que los promotores de esta ley ni siquiera se han esforzado en ofrecer un argumento serio sobre qué evidencia sustenta que aumentar las penas va a lograr algo positivo.

¿En qué país ha funcionado su propuesta? ¿Qué especialistas en la materia la apoyan? No lo sabemos. ¿Por qué entonces hay tanto interés en aprobarla? ¿Son solo buenas excepciones? Permítannos ser escépticos.

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