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Periodista
¿Sabemos qué puede pasar a partir del 30 de junio? Lo único cierto es que en términos sanitarios todo sigue siendo incierto; y en términos económicos vivimos una crisis que nos obliga casi a empezar de nuevo cuesta arriba.
El manejo de estos 70 días tuvo tres etapas. La primera en la que se tomaron decisiones importantes que ayudaron a prevenir daños mayores, y que fueron apoyadas por la inmensa mayoría de peruanos gracias a una buena comunicación.
La segunda, que mostró una brecha grande entre los anuncios y la gestión, y en la que se puso de manifiesto un marcado incumplimiento de la cuarentena.
Y esta tercera, de cuestionamiento a las cifras y versiones oficiales sobre las estadísticas y el real estado de la crisis sanitaria, sin capacidad de controlar realmente la cuarentena, con notoria improvisación, y deficiente comunicación.
La crisis sanitaria y la económica (y el manejo de ambas) va a traer consigo una crisis social que se va a manifestar en altos índices de subempleo y desempleo; mayor informalidad; mayores niveles de pobreza y pobreza extrema; violencia social y familiar, y mayor inseguridad. Preocupa además la situación de la educación, tanto privada como pública.
Por ahora, en el ámbito económico y social, los esfuerzos se han orientado a tratar de poner en movimiento la economía para salvar empresas y empleos, salvaguardando la salud de todos. Las palabras más mencionadas en nuestros días son: reinvención, protocolos y controles.
En medio de todo esto surge una nueva fuente de incertidumbre: el discurso y legislación estatal. Desde el Ejecutivo y -con mayor énfasis y “productividad”- desde el Congreso, se dieron, y se dan, señales que generan inquietud, confusión o preocupación.
Desde el Gobierno se vienen dando señales y normas confusas -sobre la emergencia, la reactivación, los bonos, Reactiva Perú, etc.- que terminan siendo poco eficaces, o se modifican permanentemente. Se habla de la creación de líneas aéreas estatales, o se contradicen públicamente los ministros sobre temas laborales o sobre la reactivación de Tía María o Conga.
Ejecutivo y Congreso coinciden en intenciones sobre el impuesto a los mayores ingresos o al patrimonio, que dejan flotando en el aire, y sobre la reforma urgente de las AFP.
El Parlamento se convierte en una “productiva” fábrica de proyectos y de leyes que muchos cuestionan por inoportunos, “populistas”, y por tener fines electorales.
Y ahora, por si faltaba algo más, Acción Popular presenta un proyecto de ley para convocar a un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú, que se realizaría el mismo día de las elecciones generales el próximo año.
Vemos así cómo, a la incertidumbre que generan las crisis producidas por el coronavirus, se le suma la incertidumbre que generan la ausencia -en el Ejecutivo y el Legislativo- de una orientación política y económica clara y consistente -en cualquier sentido-; y una inestabilidad jurídica que se manifiesta, todas las semanas, en acciones y normas que se plantean y aprueban, desde ambos poderes del Estado.
Pero, por si esto fuera poco, se nos viene otra fuente más de incertidumbre: la campaña electoral presidencial y las elecciones 2021.
Las campañas electorales son procesos que generan todo tipo de dudas, temores y enfrentamientos. En las últimas décadas hemos elegido resignadamente “el mal menor”, en medio de promesas y amenazas de todo tipo, una constante inestabilidad política y una polarización agobiante.
Pero quizás el efecto más nocivo es la parálisis que se produce desde la convocatoria a elecciones hasta la instalación misma del nuevo gobierno. No se toman decisiones ni se firma nada hasta no saber quiénes serán los nuevos gobernantes.
La incertidumbre en sus tres fases (coronavirus, decisiones políticas y elecciones) parece un riesgo muy difícil de evadir. ¿Será nuestra nueva normalidad o lograremos transitar una vía paralela?
