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OPINIÓN

Editorial: Más cal que arena

Editorial de Gestión. "Si tanto se reclama la institucionalidad, esta debe estar como punto principal en la agenda de los congresistas".

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Foto 6 | Congreso citará a SBS para que aclare si pensión en AFP bajará con nuevas tablas. A partir del 1 de enero del 2019, se usarán unas nuevas tablas de mortalidad para calcular las pensiones de los jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Según la norma emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el fin de semana, las nuevas tablas amplían la esperanza de vida para los afiliados de las AFP que llegan a los 65 años (la edad de jubilación legal). Así,para los hombres la expectativa de vida subirá de 83.5 a 87.5 años, mientras que para las mujeres aumentará de 87.2 a 90.8 años. El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, Justiniano Apaza, adelantó a Gestión que citará a funcionarios de la SBS para que aclaren si esta medida afectará las pensiones de los futuros jubilados de las AFP. “Consideramos que este tema necesita una explicación. Creemos que las pensiones van a bajar”, sostuvo (Foto: Andina).

(Foto: USI)

PARLAMENTO. El funcionamiento del Perú como Estado implica, según la Constitución, el trabajo coordinado de tres instancias: el Poder Ejecutivo, representado por el presidente, el Poder Legislativo, representado por el presidente del Congreso y el Poder Judicial, representado por el presidente de la Corte Suprema. Lamentablemente, la labor que vienen realizando no está cubriendo las expectativas de la población. Hoy vale la pena detenerse a mirar un poco más al Congreso.

El Parlamento, además de la labor legislativa, también cumple un rol fiscalizador pues tiene la facultad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Ambas funciones tienen la misma relevancia y en algunas ocasiones esta última puede llegar a ser más importante.

El actual Congreso ha centrado su labor en la fiscalización, pero los hechos demuestran que las investigaciones que realiza responden más a intereses partidarios que a un verdadero afán de velar por el cumplimiento de la Constitución y sancionar a los infractores. Ejemplo de ello es que de 93 denuncias presentadas contra congresistas, la Comisión de Ética apenas recomendó sancionar a cinco, y el pleno aprobó tan solo una amonestación para dos casos.

De manera similar, mientras la comisión Lava Jato sesiona sin pausa para investigar el presunto pago de sobornos que hubieran recibido los funcionarios peruanos de empresarios brasileños (básicamente Odebrecht), el grupo que preside el congresista Salaverry, y que investiga presuntos actos de corrupción en el gasoducto sur, la Línea 2 del Metro de Lima y la Modernización de la Refinería de Talara, no logra ni siquiera tener quórum para sus sesiones.

Quizás esa sea una de las razones por las que un 71% ­de­saprueba su labor, y no es que la ciudadanía desprecie la importancia del control político. Otro ejemplo es que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, apenas tiene una aprobación de 14%.

Es verdad que el resultado de una encuesta no puede ser la base del comportamiento de una autoridad, pero tampoco se puede trabajar de espaldas a la opinión pública. Si tantas personas critican su labor es momento para que el Parlamento haga una introspección y revise su trabajo. En las actuales circunstancias, de fuerte enfrentamiento político, el tema puede parecer de menor importancia, pero si tanto se reclama la institucionalidad, esta debe estar como punto principal en la agenda de los congresistas.

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