Una decisión esperada

INVESTIGACIÓN. Finalmente, el fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez, decidió “ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada”. Hace algunas semanas, desde estas mismas líneas señalamos que el fiscal debía modificar la decisión tomada por su antecesora Zoraida Avalos, quien si bien abrió investigación contra el mandatario la dejó en suspenso hasta que terminara su mandato.

Si bien el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por incurrir en la comisión de cuatro expresos motivos, el Ministerio Público había interpretado inicialmente que, al no poder ser acusado, tampoco podía ser investigado por la comisión de delitos comunes o de función. Sin embargo, la postura asumida por el fiscal Sánchez permitirá a la Fiscalía avanzar con todas las diligencias preliminares, buscar rápidamente la verdad y adelantar en averiguar si hay o no fundamentos válidos en el delito atribuido a un primer mandatario.

Se trata de una decisión no solo adecuada sino saludable tomando en cuenta la crisis política que atraviesa el país. Si estas diligencias preliminares demoraran menos de cuatro años y al final el fiscal encontrara méritos para presentar una acusación, esta no podría ser presentada debido a la norma constitucional. Sin embargo, es innegable que generaría consecuencias políticas, pues sería inmanejable la presencia de un mandatario con una acusación en ciernes.

Lamentablemente, la experiencia muestra que la Fiscalía se demora varios años en estas diligencias preliminares, por lo que es importante que puedan realizarse sin tener que esperar que el mandato presidencial concluya. Los ciudadanos han tenido que ver cómo pasan y pasan los años sin que exista una sentencia firme y consentida en los procesos contra los exmandatarios investigados por delitos de corrupción, y ello debe cambiar. Existiendo indicios para iniciar una investigación es importante que se lleve adelante sin mayor dilación.

Ahora bien, es saludable que el Ministerio Público confirme que el presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa. Llegado el momento será importante conocer cuál será la postura que tomará el Parlamento con los resultados de las diligencias preliminares, ¿estará a la altura?