FISCALIZACIÓN. Un último estudio realizado por la Contraloría confirma que en el año 2021 el país perdió por la corrupción y la inconducta funcional más de S/ 25,000 millones, este hecho sumado a los innumerables informes realizados por el órgano de control validan la necesidad de la norma aprobada por el Congreso que permite a la Contraloría General de la República acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de los investigados por delitos de corrupción.
Esta nueva facultad le permitirá profundizar y sustentar las investigaciones que realiza para así poder determinar los presuntos casos de corrupción en funcionarios y servidores públicos, y hacerlo de la manera más efectiva y rápida. Además, esta facultad se suma a la potestad sancionadora que la institución recuperó el año pasado.
La labor de la entidad de control no es sencilla. La realidad ha evidenciado los niveles insostenibles de corrupción que se viven en el país con casos tan evidentes que quienes los cometen no sienten vergüenza por sus actos e incluso los justifican, y lamentablemente los informes de Contraloría en ocasiones llegan cuando ya los hechos se efectuaron y queda poco por corregir, lo cual debería cambiar a partir de ahora.
Sin embargo, la Contraloría debe recordar el antiguo adagio que establece que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y ahora teniendo en sus manos la capacidad de sancionar y la posibilidad de acceder a información bancaria y tributaria de los investigados, la ciudadanía estará más atenta a sus informes y se le exigirá una mayor acción. Se espera el compromiso de la entidad para que realice un mayor número de fiscalizaciones concurrentes que generen un informe en el menor tiempo posible, de tal manera que, de encontrarse alguna irregularidad, esta pueda ser detenida y los responsables sancionados antes que se genere un mayor perjuicio para el país.
Desde estas líneas, se ha solicitado que los informes de control de la Contraloría no caigan en saco roto y que se les permita contar con todas las herramientas para efectuar su labor. Hoy la entidad ya no se podrá excusar en la falta de facultades para actuar y por ello la exigencia respecto a su labor será mayor. Pero esta labor más eficiente debería ser acompañada de un manejo más célere en la Fiscalía y el Poder Judicial, una tarea aún pendiente.