Seis meses en rojo

PRESUPUESTO. La inversión pública volvió a contraerse en marzo (5.9% respecto de marzo del 2021), sumando seis meses consecutivos en rojo. Según ha explicado el titular del MEF, Óscar Graham, esa caída corresponde a “una programación” hecha por la gestión anterior (de Pedro Francke), una medida contraproducente porque se optó por ajustar la política fiscal en momentos en que la economía peruana se recuperaba de la recesión inducida por la pandemia. El impacto de ese error ha sido un sector construcción deprimido y menor producción de insumos que este utiliza, lo que ha afectado el empleo formal y los ingresos.

Y el PBI, que comenzaba a alcanzar niveles prepandemia, se desaceleró. Es que junto a una inversión pública comprimida, ha habido una inversión privada desconfiada –las empresas han distribuido dividendos en montos récord, pues pocas se animan a apostar por el corto y mediano plazo–. Graham ha asegurado que la tendencia de la inversión pública se revertirá este mes. Habrá que ver para creer, aunque lo cierto es que por más que el MEF mejore su programación, muchas entidades que ejecutan ese presupuesto no destacan por su eficiencia, en especial los ministerios.

Si bien en marzo la inversión de gobiernos regionales creció, este nivel es el que menos presupuesto maneja, comparado con el Gobierno nacional y los municipios (caídas de 16.1% y 3.9%, respectivamente, según el BCR). Los retrasos en rubros como educación y salud son alarmantes. Por ejemplo, al 21 de abril, el Minedu tenía un avance de 0% en 55 de 62 obras con presupuesto superior a S/ 20 millones. Y en el primer trimestre, el Minsa solo gastó 0.4% de su presupuesto en su programa de redes integrales de salud.

¿Qué ha hecho el Gobierno para reimpulsar la inversión pública? Aparte de premiar a 500 alcaldes por “brindar servicios públicos de calidad” y advertir que el presupuesto que una “región” no ejecute será reasignado a otra, ha resucitado una iniciativa que a fines de octubre del 2019 decretó el Gobierno de Martín Vizcarra: elaborar un registro de obras paralizadas para destrabarlas. En ese entonces, el inventario debía abarcar proyectos detenidos por tres o más meses (se estimaba que existían 867, valorizados en S/ 16,870 millones).

La cuasi copia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros contempla obras sin avance físico por seis o más meses (se estima que hay 1,700, valorizadas en S/ 12,000 millones). En gran medida, la pandemia impidió el destrabe del 2019, pero el Gobierno actual ya no tendrá esa traba. Tendrá otras, más estructurales.