:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AKH243E4YVDFBCGVBYU2NV56HA.jpg)
DELITOS. Mientras seguimos esperando que se destrabe el debate sobre el adelanto de las elecciones generales, el viernes pasado llegó al menos una noticia positiva desde el Congreso. La Comisión Permanente finalmente aprobó el informe acusatorio contra el expresidente Pedro Castillo por los casos de presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión, que el año pasado había presentado en su contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De prosperar una última votación en el pleno el Congreso, esto implicaría que la Fiscalía ya podría por fin presentar sus acusaciones ante el Poder Judicial y, tras ello, continuar con el proceso penal en este caso (hoy Castillo está en prisión preventiva solo por los cargos de rebelión y conspiración por su golpe de Estado).
La seriedad de las acusaciones contra Castillo es para nada desdeñable. Según la Fiscalía, durante su Gobierno, Castillo habría liderado una red criminal que involucraba al Ministerio de Vivienda, al de Transportes y Comunicaciones y a Petroperú, la cual se habría dedicado a copar puestos en el Estado para facilitar el direccionamiento de contrataciones públicas. Al respecto, basta con pasar unos minutos revisando noticias de los últimos meses, o leyendo el contenido de la acusación fiscal de 375 páginas (que es pública), para comprobar que existe una considerable cantidad de indicios de que estas actividades efectivamente se llevaron a cabo. Incluso otro de los involucrados, el exministro de Transportes Juan Silva continúa prófugo de la justicia por el mismo caso.
El avance firme e imparcial de esta investigación será vital para un eventual proceso de retorno a un contexto de mayor estabilidad en el país, una vez que hayamos logrado superar la crisis actual. Y es que si bien la magnitud de los eventos y escándalos ocurridos recientemente nos obligan a estar hoy principalmente concentrados en encontrar salidas inmediatas, tampoco debemos olvidar que buena parte del escalamiento de esta crisis tuvo origen en un Gobierno incapaz y corrupto que nunca hizo nada concreto por cumplir sus promesas de campaña, generó una fuga de talento sin precedentes en el sector público al aplicar una política de copamiento no vista desde los 80s y coronó su pésima gestión con un intento de golpe de Estado que abrió la puerta a lo que estamos viviendo hoy.
Por todo ello, es imperativo que las investigaciones contra Castillo y su Gobierno continúen hasta que conozcamos toda la verdad. Y que no quieran, luego, vendernos otra historia.
