Mirada desde lo alto

GRADO DE INVERSIÓN. En otras circunstancias –gobiernos mucho menos ineptos, menores turbulencias externas–, que una agencia calificadora mantuviese el rating de la deuda peruana y su perspectiva “estable” habría sido una noticia tranquilizadora. Pero la actual es una coyuntura en la que el desgobierno y la inestabilidad política, y la incapacidad de los supuestos líderes en el Ejecutivo y el Legislativo para encontrar una solución, podrían justificar una rebaja de la calificación crediticia del país, como ocurrió el 20 de octubre, cuando Fitch Ratings redujo de “estable” a “negativa” la perspectiva del país.

Sin embargo, otra de las tres calificadoras más influyentes, S&P Global, mantuvo tanto el rating (BBB) como la perspectiva (“estable”). Lo que ha generado algo de desconcierto es que entre una y otra decisión apenas transcurrió una semana. ¿Por qué una agencia ya colocó al país en una categoría nada envidiable y la otra parece haber revisado al Perú de hace diez años? Es que aplicaron criterios distintos para elaborar su veredicto.

Para Fitch, fue importante tener en cuenta la debilidad de las políticas públicas, surgidas por la ineficiencia del Gobierno de Pedro Castillo, una realidad que nadie podría cuestionar –excepto el propio presidente y sus allegados y escuderos–. En cambio, S&P parece haber priorizado la fortaleza fiscal que sigue manteniendo el país, pese al descalabro que la gestión de Castillo ha causado en casi la totalidad de ministerios y agencias adscritas. Aparentemente, optó por hacer su análisis desde lo alto, donde es difícil distinguir detalles. La agencia destaca que el Perú posee “limitados” desequilibrios fiscales y externos, así como un nivel de deuda bajo.

Ya hemos comentado en esta columna acerca de la resiliencia de la economía peruana, que fue construida sobre sólidos fundamentos macroeconómicos durante muchos años de esfuerzos y sacrificios. Así que esos logros que describe S&P no son ningún mérito de Castillo y su gente, quienes, por el contrario, se han estado esmerando es destruir. Un caso concreto es la frágil situación financiera de Petroperú, que ha obligado al MEF a aprobar fuertes desembolsos para que pueda seguir operando; a la fecha, el salvavidas suma US$ 2,250 millones.

Ese gasto, que sale de las arcas públicas (es decir, es dinero de todos los peruanos) ejercerá una presión sobre el déficit fiscal de casi 1% del PBI. S&P advierte que la calificación podría bajar en los próximos dos años si se deterioran los resultados fiscales por presiones de gasto. Quizás no tenga que esperar tanto tiempo.