Justicia sana y sagrada

EXTRADICIÓN. La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de extraditar al expresidente Alejandro Toledo es, sin duda, una de las noticias más importantes de la semana. La sensación de que en un breve plazo—ocho semanas según los especialistas (ver página 18)—podría estar compartiendo prisión con sus pares, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, genera un halo de esperanza en la lucha contra la corrupción. Sobre todo, cuando se recuerda que Toledo llegó al poder flameando la bandera de la lucha contra la corrupción y terminó siendo un caso más en nuestra triste y larga lista de mandatarios corruptos.

Aunque ya se le notificó la decisión, es poco probable que Alejandro Toledo decida entregarse inmediatamente; sobre todo cuando queda pendiente la decisión sobre el hábeas corpus, presentado meses atrás, y estaría por presentar un recurso contra la decisión de extraditarlo.

El proceso que le siga a Toledo será importante no solo porque significará un paso más en una lamentable historia, que se dio a conocer en 2015 con las revelaciones de Marcelo Odebrecht; sino porque las declaraciones del exmandatario podrán dar luces respecto a los demás involucrados en los casos de corrupción durante su mandato.

Sin embargo, no hay que olvidar que este ha sido un proceso de extradición que tomó demasiado tiempo y, por ello, ahora le toca al equipo especial de la Fiscalía no dormirse en lo avanzado e iniciar todos los trámites necesarios para que el juicio oral, por el caso Interoceánica, inicie tan pronto Toledo llegue al Perú. Asimismo, la Fiscalía debe buscar acelerar la extradición por los otros casos en que está involucrado tanto él como su esposa Elian Karp.

Lamentablemente, las investigaciones no avanzan con la celeridad necesaria, lo cual perjudica la búsqueda de justicia de los peruanos. Es verdad que Rafael Vela, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, considera que buena parte de la demora en los procesos se debe a un problema estructural y a la carga procesal. Además, a su criterio, en este caso sí podrán lograr una sentencia antes que termine el plazo de 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la experiencia por el caso Humala, muestra que los procesos pueden terminar dilatándose excesivamente.

Es bueno recordar que justicia que tarda no es justicia y la Fiscalía debe actuar en concordancia.