Justicia que tarda….

PRISIÓN PREVENTIVA. Después de varios días de sesión, finalmente el juez Johnny Gómez ordenó prisión preventiva en contra de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina, por el presunto delito de organización criminal. Las pruebas mostradas por la Fiscalía fueron más que suficientes para convencer al juez de la necesidad de mantener bajo custodia a los investigados para asegurar que la investigación siga sin interferencia de los supuestos involucrados.

Está decisión es un paso a favor de la Fiscalía, pues le permitirá continuar con la pesquisa y la línea de indagación que ha sido corroborada por quienes esperan ser considerados colaboradores eficaces. Se trata de una medida positiva en el sentido de que la ciudadanía está cansada de los casos de corrupción que se viven con cada nuevo gobierno y que hasta el momento solo se habían investigado al terminar los periodos presidenciales. Este proceso podría ser ejemplificador y un avance para lo que ocurra con las más altas autoridades a futuro.

Sin embargo –tal como se dijo desde estas líneas cuando se dictó la prisión preventiva de los esposos Humala o de Keiko Fujimori–, le corresponde a la Fiscalía realizar no solo un trabajo eficiente sino sobre todo célere. Ninguna persona merece estar en la cárcel antes de ser sentenciada, y si bien para realizar las investigaciones esta prisión es indispensable, no debería durar más del tiempo necesario.

Justicia que tarda no es justicia y esta es una máxima que la Fiscalía debe tener siempre presente, con la información que ya tiene y la que pueda acopiar en los próximos meses debería estar lista para plantear la demanda de inicio al proceso judicial. Si la Fiscalía requiere un mayor número de profesionales u otro tipo de apoyos para poder pisar el acelerador en sus investigaciones debe solicitarlos al Ministerio Público, lo que no puede seguir sucediendo es que los fiscales se tomen más de tres años para dar inicio a los procesos judiciales. Eso lo único que genera es que los inculpados presenten demandas de libertad por exceso de carcelería y una corriente de opinión desfavorable de un porcentaje de la ciudadanía que podría considerar que en lugar de justicia se busca venganza.

Está en manos de la Fiscalía no dilatar las investigaciones y poder sancionar finalmente a los corruptos.