Fundamentos equivocados

LEGISLACIÓN LABORAL. Mal final de semana. En el ámbito internacional, se inició la invasión de Rusia a Ucrania, y en el ámbito local el primer ministro Aníbal Torres mostró una vez más su animadversión a la prensa crítica, mientras que el Ministerio de Trabajo (MTPE) introdujo cambios en la legislación laboral que terminarán siendo un boomerang, pues en lugar de beneficiar “al pueblo” terminarán perjudicando tanto a quienes ya cuentan con un puesto de trabajo formal, como a quienes aspiran a tenerlo.

En primer lugar, haciendo caso omiso a las recomendaciones planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MTPE decidió restringir el uso de la tercerización laboral, y a pesar de que uno de los compromisos de dicha cartera era mejorar el diálogo tripartito con empleadores y trabajadores a través del Consejo Nacional de Trabajo, lo cierto es que la ministra Betssy Chávez omitió convocar a dicho órgano e hizo la modificación a través de un decreto supremo.

Más allá de la ilegalidad que representa modificar una ley a través de un decreto supremo -algo de lo que debería ser consciente la ministra Chávez- lo cierto es que, tal como señala el MEF, la medida afectará la “productividad ganada a través de la especialización”. Las razones dadas por el ministerio para este cambio se basan más en prejuicios (“abaratamiento”, “utilización indiscriminada”) que en data concreta y, lo que es peor, ponen en riesgo alrededor de 105,000 puestos de trabajo (un 3% del empleo privado formal asalariado), pues nada le asegura al ministerio que los trabajadores que hoy laboran para empresas de tercerización sean incorporados en las planillas de las empresas para las cuales prestan el servicio.

Pero no contenta con esta norma inconstitucional, la ministra Chávez elabora un proyecto de ley que busca incrementar el monto de la indemnización por despido arbitrario de 1.5 por año laborado y tope de doce sueldos a 3 sueldos por año laborado y sin tope. La sola presentación de este proyecto generará un efecto negativo, pues ante la posibilidad de ser aprobado, las empresas podrían decidir prescindir de sus trabajadores más antiguos, además, de ser aprobado, desincentivaría la formalidad dándoles mayor peso a los contratos temporales que a los de plazo indefinido.

Lamentablemente, la ministra Betssy Chávez, en su afán de “cumplir” con la Agenda 19 presentada por el anterior ministro, Iber Maraví, no se ha permitido evaluar cuáles de esas medidas están planteadas desde una visión dogmática y no desde la necesidad de fomentar la formalidad laboral a través del incremento de puestos de trabajos formales y de fortalecer la fiscalización. Le toca al ministro de Economía pronunciarse y hacer valer su opinión, pues si bien no es su sector las implicancias de estas medidas sobre la economía del país son graves.