Editorial de Gestión. Todos estos asuntos están en manos del Ejecutivo y no dependen del Congreso.
Editorial de Gestión. Todos estos asuntos están en manos del Ejecutivo y no dependen del Congreso.

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN. Las preguntas que recibieron el presidente Francisco Sagasti y sus ministros en la conferencia de prensa del miércoles se centraron más en el tema sanitario que en la recuperación económica. Aun así, es necesario que el Ejecutivo informe sobre la situación de las últimas medidas anunciadas en el Gobierno de Vizcarra para estimular las actividades perjudicadas por la pandemia. Entre ellas, figuran los programas Arranca Perú (gasto en infraestructura) y Myperú (compras estatales a mypes), así como los fondos crediticios FAE-Mype, FAE- Agro y FAE-Turismo.

Es cierto que la reactivación económica forma parte de las prioridades del Gobierno, pues así está plasmado en sus grandes discursos –el de investidura de Sagasti y el de pedido de voto de confianza de la primera ministra, Violeta Bermúdez–, pero tanto ellos como los ministros de sectores productivos deben informar las acciones tomadas para pasar del protocolo a poner manos a la obra. La preocupación se agrava porque los programas mencionados demoraron demasiado en iniciarse y nunca pudieron consolidarse, salvo Reactiva Perú.

Recién en octubre comenzaron a verse resultados de Arranca Perú en la inversión pública a nivel de municipios, porque en el Gobierno nacional y gobiernos regionales siguió contrayéndose. Dicho programa fue oficializado en junio (una segunda etapa fue añadida en setiembre). Con respecto al gasto en mantenimiento de infraestructura, no se sabe si hay avances. Myperú ha corrido la misma suerte: la parsimonia con que se ha implementado la parte burocrática es escandalosa. En especial si se tiene en cuenta que, entre otros rubros, incluye la compra de material de bioseguridad médica, uniformes policiales y equipamiento para colegios.

Los programas de financiamiento tampoco han funcionado como se esperaba, principalmente porque las tasas de interés que Cofide les asigna no cubren los costos administrativos de las entidades que otorgarían los préstamos, que por la naturaleza de los beneficiarios –mypes agrarias y turísticas–, son microfinancieras. Ya se aprobaron algunos de los cambios planteados por el Mincetur, aunque estos no contemplan solucionar el mayor problema (la baja tasa de interés). Ahora se espera ver resultados.

Tampoco se sabe qué hay de los cambios que se propusieron a la regulación del factoring, ni del trabajo de las mesas ejecutivas, que tienen la tarea de hacer propuestas para mejorar la situación de sus respectivos sectores. Todos estos asuntos están en manos del Ejecutivo y no dependen del Congreso, de modo que no hay excusa para tenerlos detenidos.

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