CRISIS. La crítica coyuntura política y económica se está reflejando en las encuestas. El sondeo que el BCR realiza mensualmente a empresas, bancos y analistas sigue mostrando el deterioro de las expectativas, a tal punto que muchos indicadores muestran sus peores resultados desde marzo del 2020, el mes que marcó el inicio de la pandemia en el país. Como se recuerda, el Gobierno de entonces dictó medidas para frenar la velocidad de contagios del covid-19, aunque la mayoría de ellas no surtió efecto porque fueron mal implementadas o no tuvieron en cuenta la estructura altamente informal de la economía peruana.
Sin embargo, los errores del Gobierno de Pedro Castillo son mucho más clamorosos –las consecuencias lo corroboran–. Por ejemplo, su falta de reflejos para anticipar los paros y protestas, que interrumpieron el transporte de personas y mercancías, o la caída de la inversión pública, que ha afectado negativamente la dinámica económica a nivel nacional. Ni qué decir de los constantes escándalos por indicios de corrupción, o el discurso y las medidas en contra de las actividades formales. El resultado: desaceleración del PBI, paralización de la inversión privada y, lo peor, caída de los ingresos reales, que están muy por debajo de sus niveles prepandemia.
Al respecto, la encuesta de Datum es elocuente. Tres cuartas partes de los peruanos consideran que las decisiones políticas del Gobierno tienen un impacto negativo en la economía y el 81% dice que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos sus gastos y, además, están endeudados. Otro dato preocupante es que el 68% tiene temor a perder su empleo. En suma, la población vive en carne propia la inestabilidad económica que ha provocado el Gobierno, cuya reacción tardía ante el encarecimiento de la canasta básica ha consistido en la aplicación de subsidios ciegos. ¿A nadie se le ocurrieron soluciones focalizadas y menos onerosas para el fisco como la distribución de cupones de alimentos?
Pero si se trata de torpezas, el Congreso se metió el autogol de la temporada: por sus ansias de querer congraciarse con la opinión pública, no se percató de que aprobó la exoneración del IGV a alimentos suntuarios. Aunque las autoridades repitan que el alza de precios es consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, es responsabilidad del Gobierno mitigar el impacto con medidas inteligentes (o por lo menos adecuadas) y coordinar con los legisladores para evitar metidas de pata. Desde afuera ya ven que el país está camino al desgobierno y los peruanos están cada vez más pesimistas.