El daño ya está hecho

PETROPERÚ. La renuncia de Hugo Chávez Arévalo a la gerencia general de Petroperú no pondrá fin a la crisis en que se encuentra sumida esta empresa estatal. Se ha informado sobre los tejemanejes en sus contratos con proveedores, en especial el que suscribió con HPO –que encima estaría incumpliendo–, a tal punto que el ahora exfuncionario está siendo investigado por la Fiscalía. Ni el Minem ni Pedro Francke, cuando estaba al frente del MEF, se inquietaron por esto. Su sucesor, Óscar Graham, sí asumió una postura crítica y se negó a respaldar a Chávez.

Pero se conoce poco sobre el efecto de estas acciones en las perspectivas financieras de la empresa a corto y mediano plazo. Petroperú está inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores porque ha emitido bonos (en el 2017 y en el 2021). Esto significa que está obligada a divulgar sus estados financieros y explicar cómo se lograron esos números, con el visto bueno de una firma auditora. Si los tenedores de esos bonos, agencias calificadoras de riesgo, agentes de bolsa y demás entidades financieras no reciben data fidedigna y auditada, la credibilidad de la empresa comenzará a desmoronarse. Y eso es lo que hizo Chávez, en apenas cinco meses (asumió el cargo el 8 de octubre).

El 18 de febrero, PwC se abstuvo de auditar los estados financieros del 2021 de Petroperú porque no estuvo de acuerdo con incluir una cláusula de confidencialidad a plazo indefinido en el contrato de auditoría. No se sabe por qué la petrolera quería esa cláusula, pero las agencias calificadoras Fitch y Standard & Poor’s (S&P) tomaron nota, redujeron su rating a solo un escalón de la categoría “junk” (“basura”) y bajaron su perspectiva de “estable” a “negativa”.

Según S&P, el impasse con PwC es una “clara señal del debilitamiento de la gobernanza” de Petroperú, lo cual la expone a un potencial incumplimiento de compromisos con los tenedores de bonos, así como al deterioro de su liquidez y flexibilidad financiera. Todo esto en medio de la incertidumbre política que aqueja al país. La calificadora también prevé que el Gobierno saldría al rescate de la petrolera, es decir, con el dinero de los contribuyentes.

Petroperú resaltó en muchas ocasiones que pagaría los bonos y financiaría sus operaciones con sus propios recursos, incluida la interminable refinería de Talara, que arrancó en el 2014 costando US$ 1,000 millones, monto que en junio pasado ya se había quintuplicado –la Contraloría ha detectado un perjuicio de S/ 1,115 millones–. Lamentablemente, el precio del manejo turbio lo pagaremos todos.