Días de incertidumbre

En medio de algunas protestas y disturbios en las calles de diversas ciudades del país, Manuel Merino de Lama juramentó como presidente de la República para completar el periodo iniciado en julio del 2016 -el tercer mandatario en cinco años-. La Constitución establece que, a falta de vicepresidentes, el titular del Congreso es quien asume la más alta investidura. Sin embargo, mantiene también el cargo en el Parlamento, aunque no lo ejerza, y ese es uno de los mayores temores que genera esta sucesión.

¿Podrá Merino de Lama seguir una línea distinta a la que tenía cuando conducía el Congreso? Los parlamentarios que apoyaron la vacancia es probable que exijan la aprobación de la mayoría de los proyectos de ley que están pendientes y de aquellos que fueron observados por el Ejecutivo por afectar las arcas del Estado.

¿Qué hará el nuevo Ejecutivo? Para la agencia calificadora de riesgos Moody’s, es poco probable que el nuevo Gobierno pueda frenar las iniciativas que vengan del Congreso.

Si bien varios gremios empresariales e instituciones, como la Defensoría del Pueblo, reconocen la legitimidad de las acciones del Congreso, también solicitan al nuevo presidente mantener la separación de poderes y el respeto a la Constitución. En su discurso inicial, Merino trató de calmar las aguas y ratificó que el calendario electoral se mantendrá, ofreciendo garantizar la imparcialidad del proceso. También prometió que entre sus principales prioridades estarán la salud, la reactivación económica, la descentralización, la educación y la lucha contra la delincuencia.

“Los nuevos ministros deben tener experiencia. La urgencia de la situación que vive el país hace que no se pueda perder tiempo en la curva de aprendizaje”.

Sin embargo, para despejar la incertidumbre, las palabras no bastan. Es cierto que Merino no tiene un plazo legal para armar su nuevo Gabinete -que ya prometió que será de consenso-, pero tendrá que hacerlo en el menor tiempo posible, pues en este momento la toma de decisiones gubernamentales está paralizada y sin el refrendo ministerial ningún acto del presidente tendrá validez.

Pero sobre todo porque el conocer quiénes estarán a cargo de cada ministerio ayudará a saber si la independencia de poderes será real o si la casa de Pizarro será solo un anexo del Palacio Legislativo. ¿Quiénes asumirán las carteras de Salud, Economía, Interior y Educación, que son los sectores que Merino quiere priorizar? ¿Cuán independiente será en su labor? Se requiere inmediata respuesta.

En ese sentido, por ejemplo, uno de los temas prioritarios en la agenda de quien ocupe el MEF será la aprobación del Presupuesto Nacional 2021. Los congresistas tienen hasta el 30 de noviembre como plazo para hacerlo, pero habitualmente el MEF trata de que la ley tenga el menor número de modificaciones del proyecto inicial, por eso habitualmente se tiene mucho cuidado en cómo queda definida la viabilidad de financiamiento de las obras a realizarse. ¿Cómo se llevará a cabo esta labor si faltan solo 20 días y no hay ministro?

Otro punto clave es el riesgo de una segunda ola de contagios del covid-19 y hacer frente al resto de enfermedades que no se atendieron durante a la cuarentena, así como prepararse para la llegada de la vacuna. El nuevo ministro deberá contar con el respeto del personal sanitario y la experiencia suficiente para asumir estos retos rápidamente.

En materia de Educación, la preocupación no es solo por cómo se abordarán las clases el próximo año en relación con la pandemia, sino si se mantendrá la apuesta por una educación superior de calidad, lo que implica apoyar la independencia de la Sunedu ante la intención de algunos congresistas de modificar su ley. Tampoco se debe dar pase a la creación de nuevas universidades.

En suma, los nuevos titulares de las carteras deben tener experiencia en su sector y en la labor pública. La urgencia de la situación que vive el país hace que no se pueda perder tiempo en la curva de aprendizaje.

Mientras tanto, las protestas ponen de manifiesto que, si bien su Presidencia es legal, su legitimidad puede estar en cuestión. Por ello, ni Merino ni el Congreso deberían iniciar reformas que requieran legitimidad para asegurar su permanencia en el tiempo. Una reforma del sistema pensionario, o una reforma laboral o la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, es más conveniente que queden en manos del próximo Gobierno y Parlamento.

Lo que hay que evitar a toda costa es que ciertos políticos traten de aprovechar el momento sin tomar en cuenta las necesidades de la población. Azuzar y llamar a la insurgencia cuando algunos de ellos, teniendo representación parlamentaria, no han estado a la altura de las circunstancias o, lo que es peor, seguirán cobrando pese a las críticas al Parlamento, es irresponsable.

Finalmente, todo lo acontecido pone de manifiesto un vacío legal que requiere una interpretación definitiva por parte del Tribunal Constitucional, y es el uso que debe darse a la causal de incapacidad moral permanente. Mientras no se pueda establecer objetivamente la configuración y los límites en la aplicación de esta causal constitucional, la legitimidad de su uso siempre podrá ser cuestionada.