Cuando la experiencia no enseña

LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA. A inicios de diciembre, los trabajadores del sector agroexportador bloquearon la carretera Panamericana, y con la anuencia del Gobierno –que rápidamente habló de derogar el capítulo laboral de la norma– y de varios partidos con bancadas en el Congreso, como Alianza para el Progreso, logró que se derogara la Ley de Promoción Agraria, sin mayor análisis ni una evaluación seria de sus implicancias, solo por “escuchar a la calle”. La derogación llegó con el compromiso de aprobar una nueva norma en quince días, un plazo que nuevamente demostraba desconocimiento del problema y demagogia.

El resultado era previsible. El Parlamento no logró aprobar una nueva ley y los trabajadores volvieron a bloquear las carreteras afectando nuevamente el libre tránsito de otros ciudadanos, y con mayor violencia que la primera vez. Además, como la experiencia no enseña, otra vez se busca acelerar la aprobación de una norma.

Nadie duda de que era necesario revisar la legislación y modificarla en algunos aspectos, tarea que no hizo eficientemente el Gobierno de Vizcarra cuando prorrogó su vigencia. Tampoco se podían pasar por alto los incumplimientos laborales que cometía una parte de empresas del sector, las cuales, con más de 20 años de actividad, olvidaron contar con una gerencia que velara por sus trabajadores y todos sus stakeholders. Actuar sin pensar en las consecuencias es irresponsable.

Aprobar una ley no es fácil, menos cuando las bancadas no han logrado consenso en sus proyectos, están a la espera de la propuesta del Ejecutivo —que hasta ahora se ha lavado las manos— y tienen el tiempo en contra por el plazo que se han autoimpuesto. Peor aún si nadie toma interés en explicarles a los trabajadores de la agroexportación que varios de sus pedidos son inviables. Por ejemplo, legalmente, el Estado no puede intervenir en los contratos entre privados (trabajadores y empleadores). Esto incluye el tema de las remuneraciones. Por ley solo se puede fijar la remuneración mínima vital (RMV) sin establecer diferencias por actividad. Hacer lo contrario no solo podría llevar a impugnar la norma sino a que otros sectores exijan el mismo trato.

Hoy se ha dejado en el aire a cientos de trabajadores. Las empresas, sin una norma clara para aplicar, podrían dejar en suspenso las contrataciones y con ello la situación tras la derogación resultará peor.

Un punto que llama la atención es que pocos candidatos al sillón de Pizarro opinen sobre estos hechos, a pesar de que será un tema que no se agotará en los próximos meses. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los aspirantes a presidente?