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REFORMA UNIVERSITARIA. El martes de la semana pasada, el país estaba concentrado en la designación y juramentación del ahora abortado tercer gabinete del Gobierno, y la gran mayoría de la población esperaba ansiosa un partido clave de la selección masculina de fútbol. El Congreso aprovechó esa distracción masiva para aprobar, en primera votación, un proyecto de ley que consuma el ataque contra la reforma universitaria que ha sido incesante desde que esta se puso en marcha, el 2014.
Pedro Castillo no está preparado para ser presidente, él mismo lo ha admitido; pero también hay congresistas que no están preparados para legislar, aunque es difícil que alguno lo admita. Y el ejemplo más reciente es ese absurdo que, según ellos, “restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, pero que en realidad significa traerse abajo a la Sunedu y retornar al libertinaje –y la consecuente pésima calidad académica– de la permisiva Asamblea Nacional del Rectores (ANR) que, con acierto, la reforma eliminó.
Se podría pensar que hay congresistas que apoyan la contrarreforma porque sienten gratitud por los establecimientos donde estudiaron –que no recibieron la licencia para seguir operando–, pero incluso en ese caso se trataría de la defensa de intereses particulares. Lo que se percibe, al igual que en los numerosos intentos previos, es que los dueños de las no licenciadas no están dispuestos a renunciar a una jugosa fuente de ingresos. Tampoco quisieron invertir para cumplir las condiciones básicas de calidad (CBC) que exigía el licenciamiento, pese a los plazos que tuvieron para hacerlo.
El lobby, aunque muy agresivo, no funcionó antes por la rápida reacción de la opinión pública y aún está por verse si esta vez logrará su turbio cometido. Ya no hay distracciones futboleras y la crisis en el Ejecutivo se ha vuelto cotidiana, de modo que la atención estará centrada en el accionar del pleno. La presidenta del Congreso se mostró titubeante cuando se le inquirió sobre el tema en una entrevista televisiva el domingo. Y ayer, la lideresa de Fuerza Popular, partido que votó en bloque por la contrarreforma, lo mismo que Renovación Popular, dio a entender que el proyecto de ley necesita ajustes.
Lo curioso, y lamentable, es que la rectora de San Marcos se haya erigido en vocera oficiosa de los establecimientos que no quieren el cambio, aunque en el lado de la modernidad figuran muchas más universidades de prestigio, las que han planteado un argumento muy potente: la contrarreforma pondría en riesgo el ingreso del Perú a la OCDE.
