TRIBUTACIÓN. En la sustentación del pedido de facultades en materia tributaria el Ejecutivo recuerda que si bien entre enero y febrero de este año la economía creció 2.8%, es decir, ligeramente por encima de lo registrado en el segundo semestre 2017, los ingresos fiscales continúan por debajo de los niveles que se requieren. Por ello, los cambios que plantea buscan optimizar el sistema tributario nacional.

Si bien se trata de buenos deseos y planteamientos genéricos, como sucede con todos los pedidos de facultades, el Ejecutivo tendrá que analizar cuidadosamente todos los escenarios de las medidas que piensa plantear al momento de aprobar los decretos, en las facultades que sean concedidas por el Congreso. Por ejemplo, el pedido de facultades del Gabinete de Zavala incluyó normas que crearon un nuevo régimen tributario para las mypes, modificándose tramos y tasas del Impuesto a la Renta. Esos cambios no tienen ni dos años de vigencia y volverán a ser modificados si se aprueba el pedido de facultades ya que no cumplieron sus objetivos y, por el contrario, contribuyeron a la caída en la recaudación. Un error similar u otros errores es un lujo que el actual Gabinete no puede darse.

La propuesta de elevar las tasas de diversos impuestos, como puede ser el ISC a las bebidas alcohólicas, al combustible y a las bebidas azucaradas, siempre tendrá resistencia, por lo que se necesita una buena sustentación.

Por otro lado, el planteamiento de eliminar las exoneraciones que no hayan cumplido sus objetivos y cuyo costo sea mayor que los beneficios, así como reglamentar la norma antielusiva que se aprobó en el 2014 y poner mayor énfasis en la lucha contra la evasión son ideas buenas en teoría, pero recién cuando se conozcan los decretos legislativos se podrán analizar sus alcances y la eficiencia de su regulación.

En la lucha contra la elusión las medidas deben aplicarse, a pesar de las voces en contra que provienen mayoritariamente de quienes se dedican al “planeamiento tributario”. El Gobierno debe tener claro que esta es una propuesta de largo plazo que requiere también la modificación de los procedimientos de reclamación para evitar que una acotación demore más de 10 años en resolverse, es decir, no debe obviarse la preservación de los derechos de los contribuyentes.

Si el Ejecutivo cuida los detalles su propuesta podría ser una verdadera reforma tributaria que genere cambios importantes, aunque no todos en el corto plazo.

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