Congresistas regalones

PRESUPUESTO. La tóxica coyuntura política ha puesto en un preocupante segundo plano el debate del proyecto de ley del presupuesto público 2023. Aunque, en realidad, mucho debate no ha habido, a pesar de la presencia de los ministros en el Pleno el día de ayer. Ello porque los congresistas no parecen entender qué es equilibrio fiscal y han optado por no prestar atención. Y en el Ejecutivo, el titular del MEF, Kurt Burneo, parece abandonado a su suerte, sin gozar de ningún respaldo político del presidente Pedro Castillo o de otras figuras de su Gobierno, que están más enfocadas en defender a su jefe y culpar a todos de la debacle en que han convertido la administración pública.

En suma, la incapacidad de trabajar por los intereses del país que a diario exhiben ambos poderes del Estado pone en riesgo la institucionalidad del presupuesto público, incluidas las leyes de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público –deben ser aprobadas en el Pleno como un solo conjunto normativo y el plazo vence mañana–. Sin tener en cuenta que esos proyectos de ley fueron elaborados por el MEF previa coordinación con las entidades estatales y basados en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, es decir, de manera técnica y sujeta al principio de equilibrio fiscal, más de 70 legisladores remitieron a ese despacho iniciativas que elevarían el gasto presupuestado.

Fueron unas 400 propuestas normativas, de las cuales más de la mitad correspondía a medidas remunerativas, cuyo costo superaría los S/ 9,000 millones. Además, solicitaron la inclusión de más de 500 inversiones con un costo aproximado de S/ 8,000 millones. De todas ellas, el MEF determinó que solo diez tenían posibilidad de ser incorporadas al proyecto de ley. Pero haciendo caso omiso de la recomendación, la Comisión de Presupuesto, tras “debatir” lo trabajado por Burneo y su equipo, elaboró un dictamen que insiste en agregar gastos adicionales a los programados, poniendo como fuente de financiamiento reservas que están destinadas para contingencias.

La injerencia en las atribuciones del MEF va más allá: la Comisión de Constitución ha aprobado un proyecto de ley que establece que IGV e ISC solo podrán modificarse mediante decreto legislativo –es decir, previo otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo–. Tampoco hay que olvidar que ahora el Congreso tiene iniciativa de gasto (cortesía del TC) o la rebaja de 18% a 8% del IGV para restaurantes y hoteles, con la excusa de “reactivar el turismo”. Es claro que muchos congresistas y sus asesores siguen pensando que la caja fiscal es un barril sin fondo.