Energía. La distribución de electricidad en Lima Metropolitana está dividida en dos zonas geográficas (sur y norte de la ciudad, incluido el Callao), así que en teoría, se trata de dos monopolios y, por tanto, sus servicios y tarifas están regulados por el Estado peruano.
La entidad encargada de esa labor es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el sistema de regulación vigente le permite optar por los costos más bajos propuestos por las operadoras.
El esquema ha funcionado sin mayores contratiempos, porque desde que se privatizó el mercado limeño de distribución eléctrica, en los años 90, sus dos partes han sido operadas por empresas pertenecientes a distintos grupos económicos.
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Pero esto cambiará drásticamente si se aprueba la compra de la parte norte del mercado limeño, acordada entre Enel Perú, subsidiaria de la multinacional italiana Enel SpA (el Estado italiano posee una participación minoritaria en ella), y China Southern Power Grid International (CSGI) por US$ 2,900 millones. Ello debido a que la parte sur del mercado capitalino es operada desde el 2019 por China Yangtze Power International Co.
No se trata simplemente de empresas del gigante asiático, sino que ambas son propiedad del Estado chino y están bajo el ámbito de la Comisión para la Supervisión y Administración de Activos del Estado (SASAC).
Esta agencia pertenece al Consejo de Estado de China, que es el máximo órgano del Poder Ejecutivo de dicho país, y es responsable de la gerencia de las empresas estatales chinas, designa a sus altos ejecutivos y aprueba fusiones, así como compras o ventas de activos y acciones.
Por tanto, pueden considerarse fundadas las preocupaciones de analistas, exfuncionarios del sector y gremios como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que han alertado sobre una posible concentración de la distribución eléctrica limeña en manos de un solo grupo económico, en este caso, la SASAC –en otras palabras, el Estado chino–.
Ello podría exponer a los consumidores a tarifas más elevadas y a los clientes libres –que negocian directamente con las operadoras– a condiciones menos favorables de negociación.
La compra de Enel Perú tendría que ser aprobada por Indecopi, pues aunque no se trate de una fusión, tendría que evaluar si es un caso de adquisición de posición de dominio en un mercado, que si bien está regulado, encara la posibilidad (y el riesgo) de estar controlado por un único –y poderoso– propietario. ¿Se atreverán las reguladoras a lidiar con el Estado chino?
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