Editorial: Talento para comprar

PROCEDIMIENTOS. El Estado peruano requiere, para su adecuado funcionamiento, realizar un sinnúmero de contrataciones con terceros, ya sea para que le brinden servicios o para adquirir bienes. Sin embargo, a pesar de la normativa existente todavía se encuentran casos donde se cometen graves irregularidades.

Uno de los últimos ha sido la adquisición de patrulleros para la policía realizada por el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, la cual ha sido criticada por el contralor de la República, aunque con la advertencia de que no ha sido un proceso ilegal.

Pero si hablamos específicamente de la compra de patrulleros podremos ver que ninguna de las realizadas por los últimos cinco gobiernos ha estado fuera de críticas y/o de mostrar irregularidades en sus procesos, ya sea que la compra se haya realizado a través de licitaciones o "de gobierno a gobierno".

Los cuestionamientos han sido diversos: pagos superiores al precio de lista, vehículos que no eran patrulleros, autos no adecuados para el trabajo, adquisiciones excesivas o errores al priorizar los gastos.

El Perú cuenta con una ley de contrataciones y adquisiciones, la cual debería regular todos los procesos que realiza el Estado (salvo casos muy puntuales donde pueda demostrarse que una compra gobierno a gobierno será más eficiente y beneficiosa para el país). Sin embargo, a pesar de que cada cierto tiempo esta norma es modificada —casi cada dos años desde 1997— todavía no logra convertirse en la legislación eficiente que requiere el país.

Para poder ayudar a la contratación, la legislación debería priorizar los procedimientos electrónicos y tener procesos sencillos para incentivar la participación de los postores. De lo contrario seguiremos viendo casos que se declaren desiertos o con un único postor.

Tampoco basta contar con personal capacitado que conozca la normativa, pues se requiere, además, una gestión eficiente en toda entidad, que implique una adecuada planificación, priorización correcta de las necesidades y un buen funcionamiento del órgano de control.

Solo cuando se logre una relación eficiente entre la norma y los funcionarios podremos contar con el talento suficiente para realizar buenas compras en el Estado.