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En el Perú ya vivimos la misma situación que vive Ecuador. No hemos pasado todavía por las situaciones impactantes ocurridas en el país vecino en los últimos días, pero no podemos negar una realidad que ya nos golpea todos los días.
Decir que podríamos estar en un futuro como el Ecuador de hoy es negar la realidad.
Si hiciéramos una lista real de las organizaciones criminales –nacionales e internacionales– que operan en el Perú y de las actividades a las que se dedican, es muy probable que superemos a nuestros hermanos del norte.
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Si hiciéramos un mapa nacional que incluyera los territorios que son –en los hechos– controlados por organizaciones criminales o mafias dedicadas a las diferentes actividades informales, ilegales y delictivas, nos daríamos cuenta de que, proporcionalmente, superamos a Ecuador.
Si se hiciera un cálculo o un censo de la cantidad de personas involucradas en esas actividades ilegales y delictivas en todos esos territorios identificados, veríamos que, lamentablemente, hay más gente, proporcionalmente, dedicada a las actividades ilícitas en el Perú que en el país del norte.
Si comparáramos la cantidad de millones de dólares que las actividades ilegales mueven en Perú y Ecuador, veríamos que, proporcionalmente, en nuestro país se mueve mucho más dinero.
La tala ilegal, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y muchas otras actividades delictivas más no son un caldo de cultivo para que nos pase lo de Ecuador; son la prueba de que ya estamos a ese nivel.
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La situación en varias regiones del Perú, donde las organizaciones o mafias que mueven esas actividades controlan zonas enteras, cadenas logísticas, poblaciones, autoridades, penales, y hasta medios de comunicación, nos muestra que Ecuador y Perú viven la misma realidad.
La extensión de nuestro territorio, la distancia que existe de una región y otra, las dimensiones de las fronteras y la cantidad de países con los que militamos, el espacio territorial despoblado y/o sin control del Estado, hacen que algunas actividades ilícitas y delictivas (la tala ilegal, la minería ilegal, el contrabando, el cultivo ilegal, el tráfico de insumos químicos, etc.) tengan el espacio suficiente para desarrollarse con un “perfil más bajo” y sin un impacto mediático como el alcanzado por otros delitos de las zonas urbanas como la extorsión, el sicariato, el raqueteo, la trata de personas, la comercialización de drogas, etc. Pero eso no quiere decir que las primeras no muevan tanto o mucho más dinero que las segundas.
Las organizaciones delictivas de México, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador ya han establecido “filiales” en países como Perú, Bolivia y Chile; y/o tienen lazos de “colaboración” eventual o permanente con organizaciones de estas últimas naciones. Es decir, son transnacionales del crimen, capaces de competir por territorios en sus países o en los otros, pero también tienen la “flexibilidad” para temporalmente unirse contra un enemigo común, que es el Estado.
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Esta capacidad de “internacionalizarse” y de establecer una “integración vertical” o asociaciones con otras organizaciones les permite la posibilidad de transitar, movilizar a sus integrantes, extraerlos y protegerlos, corromper todo tipo de autoridades y penetrar los gobiernos o dependencias estatales nacionales o subnacionales, operar impunemente, dominar penales, establecer cadenas logísticas de armas y pertrechos de todo tipo, y actuar rápidamente frente a una reacción de cada uno de los Estados. Por eso, no debería sorprender a nadie que se encuentren armas o municiones peruanas en Ecuador o armamento colombiano o ecuatoriano en Perú.
En el caso nuestro país, sus amplias fronteras, que son una “coladera” y que ellos mismos controlan, les ofrece amplias ventajas para entrar y salir de nuestro territorio sin pasar por los puestos de vigilancia y migraciones. Es, en consecuencia, una ingenuidad pensar que un reforzamiento y mayor control en los puestos de control fronterizo va a impedir el libre traslado de integrantes de las mafias y el trasiego de pertrechos.
Lamentablemente, la delincuencia está varios pasos más adelante que los Gobiernos. La lucha contra estas organizaciones criminales exige decisiones y acciones firmes y rápidas de los Gobiernos. Lamentablemente, en el Perú –y en otros países– eso no sucede. Y exige también reconocer que se trata del problema n° 1 de varios de nuestros países. Lo que tampoco sucede. Si no hay seguridad, no hay inversión; y si no hay inversión, no hay trabajo ni recursos económicos para la actividad social (educación, salud, lucha contra la pobreza) de los Estados.
Urge una coordinación, cooperación, decisión y acción integrada de los países afectados. Este no es un problema de cada país, es un problema subregional que los presidentes deberían abordar y enfrentar juntos, y con la asesoría de las mejores instituciones especializadas del mundo en este tema. Si hay cumbres presidenciales por otros asuntos menos graves, por qué los presidentes no se movilizan y se comprometen juntos en este problema del que depende el futuro de nuestras naciones.